Redacción
Viernes, 20 de Noviembre de 2026
MADRID
El Supremo mantiene la suspensión del voto de los nacionalizados por la ley de nietos
La medida cautelar se aplicará tanto a los inscritos en el censo de residentes en el extranjero como a quienes figuren en el de residentes en España. Quedan exceptuadas las personas que acrediten mediante certificación consular su condición de descendientes de exiliados.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ordenado este viernes a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral que hagan efectiva la suspensión cautelar del voto para las elecciones generales del 29 de noviembre. La providencia se refiere a una relación de 163.355 personas y exceptúa a las 901 que ya presentaron la certificación consular, así como a quienes la aporten antes del día de la votación. La novedad es que la orden alcanza expresamente a los dos censos, con independencia de que la persona resida en España o en el extranjero.
La cifra de 163.355 corresponde al listado al que se refiere la providencia. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística, el número se reducía a 113.326 al depurar, entre otros casos, los duplicados, los menores y las inscripciones en el censo de residentes ausentes anteriores a la Ley de Memoria Democrática. La decisión de hoy es distinta de la adoptada días atrás, cuando el Supremo rechazó extender la suspensión cautelar a los hijos de los nacionalizados.
Valoración jurídica
La providencia se ocupa de cómo se aplica una medida cautelar ya acordada. Su efecto inmediato se produce en el censo y, por tanto, en el ejercicio del voto el 29-N. La controversia de fondo, relativa a la instrucción que desarrolló la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, sigue pendiente de resolución.
La decisión plantea una cuestión de especial trascendencia. Una medida cautelar es provisional, pero el voto que no se emite el día de las elecciones ya no puede recuperarse en esa convocatoria. De ahí la importancia de que se identifique con precisión a cada afectado y de que la excepción prevista por el Supremo pueda aplicarse a tiempo. A nueve días de los comicios, la posibilidad de presentar el certificado solo será efectiva si la Administración electoral puede comprobarlo y reflejarlo en el censo antes de la votación.
Recomendación para opositores
En un supuesto de esta naturaleza conviene distinguir la adquisición de la nacionalidad, la titularidad del derecho de sufragio y los requisitos para ejercerlo.
El artículo 23.1 de la Constitución reconoce el derecho de participación política y el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, exige la inscripción en el censo electoral vigente para ejercer el sufragio. Esa distinción explica por qué una orden judicial sobre el censo puede impedir el voto en una convocatoria concreta sin alterar la nacionalidad de las personas afectadas.
Miguel Ezcurra

La cifra de 163.355 corresponde al listado al que se refiere la providencia. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística, el número se reducía a 113.326 al depurar, entre otros casos, los duplicados, los menores y las inscripciones en el censo de residentes ausentes anteriores a la Ley de Memoria Democrática. La decisión de hoy es distinta de la adoptada días atrás, cuando el Supremo rechazó extender la suspensión cautelar a los hijos de los nacionalizados.
Valoración jurídica
La providencia se ocupa de cómo se aplica una medida cautelar ya acordada. Su efecto inmediato se produce en el censo y, por tanto, en el ejercicio del voto el 29-N. La controversia de fondo, relativa a la instrucción que desarrolló la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, sigue pendiente de resolución.
La decisión plantea una cuestión de especial trascendencia. Una medida cautelar es provisional, pero el voto que no se emite el día de las elecciones ya no puede recuperarse en esa convocatoria. De ahí la importancia de que se identifique con precisión a cada afectado y de que la excepción prevista por el Supremo pueda aplicarse a tiempo. A nueve días de los comicios, la posibilidad de presentar el certificado solo será efectiva si la Administración electoral puede comprobarlo y reflejarlo en el censo antes de la votación.
Recomendación para opositores
En un supuesto de esta naturaleza conviene distinguir la adquisición de la nacionalidad, la titularidad del derecho de sufragio y los requisitos para ejercerlo.
El artículo 23.1 de la Constitución reconoce el derecho de participación política y el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, exige la inscripción en el censo electoral vigente para ejercer el sufragio. Esa distinción explica por qué una orden judicial sobre el censo puede impedir el voto en una convocatoria concreta sin alterar la nacionalidad de las personas afectadas.
Miguel Ezcurra






