Redacción
Viernes, 13 de Noviembre de 2026
MADRID
Cuatro destacados juristas debatirán el lunes sobre los aforamientos en la Fiscalía General del Estado
¿Son los aforamientos una garantía institucional o un privilegio difícil de justificar en una democracia basada en la igualdad ante la ley?
Esta es una de las cuestiones que se abordarán el próximo día 16 de noviembre en Madrid, en el marco de unas jornadas formativas incluidas en el Plan de Formación de la Carrera Fiscal para 2026, bajo el título «Igualdad ante la Justicia. Aforamientos: garantía o privilegio».
Entre los participantes anunciados para el debate del lunes figuran Vicente Garrido, catedrático; Salvador Viada, fiscal jubilado del Tribunal Supremo; Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo; y Juan Antonio Frago, abogado y fiscal en excedencia.
Este último mantiene, además, una vinculación especial con nosotros, pues es autor de un libro de casos prácticos de Derecho Penal publicado por Editorial Ezcurra.
La actividad, organizada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y dirigida por Miguel Pallarés Rodríguez, constituye una excelente oportunidad para reflexionar sobre una institución procesal que continúa suscitando controversias en nuestro ordenamiento jurídico.
Conviene recordar que el aforamiento no constituye, por sí mismo, una exención de responsabilidad penal, sino una regla especial de competencia que atribuye el conocimiento de determinadas causas a órganos jurisdiccionales superiores.
Ahora bien, cabe preguntarse si la amplitud de esta prerrogativa en España encuentra suficiente justificación institucional o si, por el contrario, sería conveniente reducir considerablemente el número de personas aforadas.
Desde La Gaceta del Opositor seguiremos con especial interés las conclusiones de este encuentro, particularmente las aportaciones de nuestro colaborador Juan Antonio Frago, quien a buen seguro tendrá una brillante intervención.
Recomendación para los opositores
Recordemos que los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución Española establecen reglas especiales de competencia penal respecto de diputados y senadores, y del presidente y demás miembros del Gobierno, respectivamente.
Y no debemos confundir el aforamiento con otras prerrogativas constitucionales, como la inviolabilidad y la inmunidad parlamentarias, reguladas en los apartados 1 y 2 del artículo 71 de la Constitución.
Miguel Ezcurra
Entre los participantes anunciados para el debate del lunes figuran Vicente Garrido, catedrático; Salvador Viada, fiscal jubilado del Tribunal Supremo; Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo; y Juan Antonio Frago, abogado y fiscal en excedencia.
Este último mantiene, además, una vinculación especial con nosotros, pues es autor de un libro de casos prácticos de Derecho Penal publicado por Editorial Ezcurra.
La actividad, organizada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y dirigida por Miguel Pallarés Rodríguez, constituye una excelente oportunidad para reflexionar sobre una institución procesal que continúa suscitando controversias en nuestro ordenamiento jurídico.
Conviene recordar que el aforamiento no constituye, por sí mismo, una exención de responsabilidad penal, sino una regla especial de competencia que atribuye el conocimiento de determinadas causas a órganos jurisdiccionales superiores.
Ahora bien, cabe preguntarse si la amplitud de esta prerrogativa en España encuentra suficiente justificación institucional o si, por el contrario, sería conveniente reducir considerablemente el número de personas aforadas.
Desde La Gaceta del Opositor seguiremos con especial interés las conclusiones de este encuentro, particularmente las aportaciones de nuestro colaborador Juan Antonio Frago, quien a buen seguro tendrá una brillante intervención.
Recomendación para los opositores
Recordemos que los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución Española establecen reglas especiales de competencia penal respecto de diputados y senadores, y del presidente y demás miembros del Gobierno, respectivamente.
Y no debemos confundir el aforamiento con otras prerrogativas constitucionales, como la inviolabilidad y la inmunidad parlamentarias, reguladas en los apartados 1 y 2 del artículo 71 de la Constitución.
Miguel Ezcurra
