Redacción
Viernes, 13 de Noviembre de 2026
La Oficina de Anticorrupción de Navarra se queda sin investigadores
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) atraviesa una situación tan preocupante como paradójica: el organismo encargado de investigar posibles irregularidades en la Administración pública no consigue cubrir buena parte de sus propios puestos de trabajo.
Según informó hace unos días Noticias de Navarra, otras cuatro plazas han quedado vacantes tras fracasar los procedimientos convocados para su provisión: dos puestos de inspector de la rama jurídica y las direcciones de los servicios de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador y de Asesoría Jurídica.
La situación resulta especialmente llamativa porque hablamos de un organismo cuya plantilla orgánica está integrada por apenas once puestos y que tiene encomendadas funciones tan delicadas como investigar posibles conductas irregulares, prevenir la corrupción y supervisar determinados aspectos de la contratación pública.
No se trata de una cuestión menor. La insuficiencia de medios humanos puede provocar retrasos en la tramitación de los expedientes y, lo que es todavía más grave, su caducidad, con las consiguientes consecuencias para la eficacia del control administrativo.
Según informó hace unos días Noticias de Navarra, otras cuatro plazas han quedado vacantes tras fracasar los procedimientos convocados para su provisión: dos puestos de inspector de la rama jurídica y las direcciones de los servicios de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador y de Asesoría Jurídica.
La situación resulta especialmente llamativa porque hablamos de un organismo cuya plantilla orgánica está integrada por apenas once puestos y que tiene encomendadas funciones tan delicadas como investigar posibles conductas irregulares, prevenir la corrupción y supervisar determinados aspectos de la contratación pública.
No se trata de una cuestión menor. La insuficiencia de medios humanos puede provocar retrasos en la tramitación de los expedientes y, lo que es todavía más grave, su caducidad, con las consiguientes consecuencias para la eficacia del control administrativo.
