Miguel Ezcurra
Miércoles, 11 de Noviembre de 2026
MADRID
El Supremo reabre la batalla judicial por el voto de los hijos de la «ley de nietos»
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de reposición de Iustitia Europa que solicita suspender cautelarmente el voto de los 189.678 descendientes de beneficiarios de la conocida como «ley de nietos», con vistas a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha concedido a las partes un plazo excepcional, hasta el domingo 15 de noviembre, a las 15.00 horas, para formular alegaciones.
Obviamente, admitir el recurso no significa estimarlo, sino que el Supremo reconsiderará su decisión del pasado 9 de noviembre, cuando rechazó ampliar la suspensión cautelar a estos electores, fundamentalmente por las dificultades de alterar el censo a tan pocos días de las elecciones.
Nuestra valoración jurídica
La controversia plantea un delicado conflicto entre dos exigencias constitucionales: garantizar la legalidad del censo electoral y preservar el derecho fundamental de sufragio reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución.
A nuestro juicio, resulta preocupante que una cuestión de semejante trascendencia, que afecta potencialmente a casi 190.000 electores, siga judicialmente abierta cuando faltan apenas dieciocho días para las elecciones. La seguridad jurídica, proclamada en el artículo 9.3 de la Constitución, exige que las reglas del proceso electoral estén suficientemente determinadas antes de acudir a las urnas.
El Supremo tiene ahora una responsabilidad extraordinaria: resolver con rapidez, pero también con el rigor necesario para que ni la legalidad electoral ni los derechos fundamentales de los ciudadanos resulten sacrificados por la urgencia del calendario.
Miguel Ezcurra
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha concedido a las partes un plazo excepcional, hasta el domingo 15 de noviembre, a las 15.00 horas, para formular alegaciones.
Obviamente, admitir el recurso no significa estimarlo, sino que el Supremo reconsiderará su decisión del pasado 9 de noviembre, cuando rechazó ampliar la suspensión cautelar a estos electores, fundamentalmente por las dificultades de alterar el censo a tan pocos días de las elecciones.
Nuestra valoración jurídica
La controversia plantea un delicado conflicto entre dos exigencias constitucionales: garantizar la legalidad del censo electoral y preservar el derecho fundamental de sufragio reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución.
A nuestro juicio, resulta preocupante que una cuestión de semejante trascendencia, que afecta potencialmente a casi 190.000 electores, siga judicialmente abierta cuando faltan apenas dieciocho días para las elecciones. La seguridad jurídica, proclamada en el artículo 9.3 de la Constitución, exige que las reglas del proceso electoral estén suficientemente determinadas antes de acudir a las urnas.
El Supremo tiene ahora una responsabilidad extraordinaria: resolver con rapidez, pero también con el rigor necesario para que ni la legalidad electoral ni los derechos fundamentales de los ciudadanos resulten sacrificados por la urgencia del calendario.
Miguel Ezcurra
