Miguel Ezcurra
Sábado, 07 de Noviembre de 2026
MADRID
Una medida digna de aplauso con independencia de quien la promueva
Los abogados particulares deben pagarse con dinero propio, no con el de todos los contribuyentes.
Según publica hoy El Mundo, el Partido Popular propone prohibir que la Abogacía del Estado asuma la defensa de los intereses particulares de los altos cargos públicos.
En efecto, la Abogacía del Estado está para defender los intereses generales, no para convertirse en el despacho particular de quienes ocupan responsabilidades políticas.
Es cierto que que tanto el artículo 2 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, como el artículo 82 del Reglamento de la Abogacía General del Estado, aprobado por Real Decreto 1057/2024, permiten la defensa jurídica de autoridades y funcionarios por actuaciones relacionadas con el ejercicio legítimo de sus cargos. Pero una cosa es defender a quien actúa legítimamente al servicio de la Administración y otra muy distinta utilizar recursos públicos para proteger intereses estrictamente personales.
Ojalá que esta iniciativa prospere y se aplique con independencia del partido político al que pertenezca el afectado, pero su verdadera trascendencia dependerá de cómo concrete la separación entre intereses públicos y privados.
Miguel Ezcurra
En efecto, la Abogacía del Estado está para defender los intereses generales, no para convertirse en el despacho particular de quienes ocupan responsabilidades políticas.
Es cierto que que tanto el artículo 2 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, como el artículo 82 del Reglamento de la Abogacía General del Estado, aprobado por Real Decreto 1057/2024, permiten la defensa jurídica de autoridades y funcionarios por actuaciones relacionadas con el ejercicio legítimo de sus cargos. Pero una cosa es defender a quien actúa legítimamente al servicio de la Administración y otra muy distinta utilizar recursos públicos para proteger intereses estrictamente personales.
Ojalá que esta iniciativa prospere y se aplique con independencia del partido político al que pertenezca el afectado, pero su verdadera trascendencia dependerá de cómo concrete la separación entre intereses públicos y privados.
Miguel Ezcurra
