Miguel Ezcurra
Domingo, 11 de Octubre de 2026
MADRID
Según Conde-Pumpido, cuestionar al Tribunal Constitucional es cuestionar la democracia
Lo que ha dicho exactamente Cándido Conde-Pumpido en la entrevista publicada hoy en El País es que «quien cuestiona al Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución y quien cuestiona la Constitución está cuestionando la democracia».
Discrepo profundamente de esta afirmación. Precisamente porque vivimos en democracia, ninguna institución del Estado puede considerarse inmune a la crítica, por muy elevada que sea su función constitucional.
El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, eso lo sabemos todos, pero ni es infalible ni sus magistrados están por encima del escrutinio público. Respetar sus resoluciones y acatarlas cuando resultan vinculantes es una exigencia del Estado de Derecho. Compartirlas, aplaudirlas o abstenerse de criticarlas, no. Por ello, confundir la crítica legítima a una institución con un ataque a la democracia constituye una interpretación preocupante del pluralismo democrático y de la libertad de expresión reconocidos en nuestra Constitución.
Téngase en cuenta, por otra parte, un argumento especialmente significativo: el propio Tribunal Constitucional admite los votos particulares de sus magistrados (artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional). Si sus propios miembros pueden discrepar públicamente y con argumentos jurídicos de las decisiones de la mayoría, resulta difícil sostener que los ciudadanos no podamos hacerlo.
Es más, la democracia no se debilita porque los ciudadanos cuestionen las resoluciones de sus instituciones; se debilita cuando se pretende que esas resoluciones sean incuestionables.
Miguel Ezcurra
Discrepo profundamente de esta afirmación. Precisamente porque vivimos en democracia, ninguna institución del Estado puede considerarse inmune a la crítica, por muy elevada que sea su función constitucional.
El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, eso lo sabemos todos, pero ni es infalible ni sus magistrados están por encima del escrutinio público. Respetar sus resoluciones y acatarlas cuando resultan vinculantes es una exigencia del Estado de Derecho. Compartirlas, aplaudirlas o abstenerse de criticarlas, no. Por ello, confundir la crítica legítima a una institución con un ataque a la democracia constituye una interpretación preocupante del pluralismo democrático y de la libertad de expresión reconocidos en nuestra Constitución.
Téngase en cuenta, por otra parte, un argumento especialmente significativo: el propio Tribunal Constitucional admite los votos particulares de sus magistrados (artículo 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional). Si sus propios miembros pueden discrepar públicamente y con argumentos jurídicos de las decisiones de la mayoría, resulta difícil sostener que los ciudadanos no podamos hacerlo.
Es más, la democracia no se debilita porque los ciudadanos cuestionen las resoluciones de sus instituciones; se debilita cuando se pretende que esas resoluciones sean incuestionables.
Miguel Ezcurra
