Redacción
Viernes, 11 de Septiembre de 2026
MADRID
La UE prepara una profunda reforma de la contratación pública
La Comisión Europea presentó ayer una ambiciosa propuesta de Reglamento sobre contratos públicos y concesiones que pretende sustituir el actual marco europeo de contratación pública.
La primera gran novedad es precisamente su forma jurídica, puesto que la Comisión propone sustituir las tres Directivas de 2014 —Directivas 2014/23/UE, sobre concesiones; 2014/24/UE, sobre contratación pública, y 2014/25/UE, sobre sectores especiales— por un único Reglamento directamente aplicable en todos los Estados miembros. Se persigue así reducir la fragmentación normativa y las diferencias derivadas de las distintas transposiciones nacionales.
La propuesta apuesta claramente por la simplificación y flexibilización de los procedimientos. Se articulan dos procedimientos principales, un procedimiento abierto y un nuevo procedimiento dinámico, ambos configurables con o sin criterios de selección y con o sin negociación. A ellos se añade un procedimiento específico de innovación. También se refuerzan las consultas preliminares al mercado y se pretende evitar requisitos de solvencia desproporcionados que dificulten especialmente el acceso de las pequeñas y medianas empresas.
Otro cambio de filosofía importante es que la contratación pública deja de contemplarse únicamente como una técnica para adquirir obras, bienes y servicios al mejor precio y pasa a concebirse expresamente como un instrumento estratégico de política pública. Con carácter general, los contratos deberán adjudicarse atendiendo a la mejor relación calidad-precio, reforzándose los criterios ambientales, sociales y de innovación.
Especial interés presenta también la denominada “preferencia europea”. Los poderes adjudicadores podrán, en determinadas condiciones, favorecer la participación o los productos de origen europeo o de países cubiertos por los compromisos internacionales de la Unión, e incluso la Comisión podrá restringir determinados procedimientos a operadores de terceros países cuando estén en juego intereses estratégicos europeos.
De la misma forma, la reforma incorpora además una profunda digitalización de la contratación pública, mediante sistemas interoperables, acreditaciones electrónicas de las empresas y espacios nacionales y europeo de datos de contratación, con el objetivo de reducir cargas administrativas y mejorar la transparencia, el control y la prevención del fraude.
Atención, opositores
Estamos todavía ante una propuesta legislativa, que deberá ser negociada y aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo. Pero, si finalmente prospera en términos similares a los propuestos por la Comisión, estaremos ante una de las reformas más importantes de la contratación pública europea desde 2014.
Por tanto, cuidado, que vienen curvas. Aunque de momento no hay que cambiar el Temario de las oposiciones, conviene empezar a pensar que pronto se puede producir reforma muy profunda de la normativa sobre contratación pública española, porque ya no estaríamos ante nuevas directivas que hubiera que transponer, sino ante un Reglamento directamente aplicable.
Miguel Ezcurra
La primera gran novedad es precisamente su forma jurídica, puesto que la Comisión propone sustituir las tres Directivas de 2014 —Directivas 2014/23/UE, sobre concesiones; 2014/24/UE, sobre contratación pública, y 2014/25/UE, sobre sectores especiales— por un único Reglamento directamente aplicable en todos los Estados miembros. Se persigue así reducir la fragmentación normativa y las diferencias derivadas de las distintas transposiciones nacionales.
La propuesta apuesta claramente por la simplificación y flexibilización de los procedimientos. Se articulan dos procedimientos principales, un procedimiento abierto y un nuevo procedimiento dinámico, ambos configurables con o sin criterios de selección y con o sin negociación. A ellos se añade un procedimiento específico de innovación. También se refuerzan las consultas preliminares al mercado y se pretende evitar requisitos de solvencia desproporcionados que dificulten especialmente el acceso de las pequeñas y medianas empresas.
Otro cambio de filosofía importante es que la contratación pública deja de contemplarse únicamente como una técnica para adquirir obras, bienes y servicios al mejor precio y pasa a concebirse expresamente como un instrumento estratégico de política pública. Con carácter general, los contratos deberán adjudicarse atendiendo a la mejor relación calidad-precio, reforzándose los criterios ambientales, sociales y de innovación.
Especial interés presenta también la denominada “preferencia europea”. Los poderes adjudicadores podrán, en determinadas condiciones, favorecer la participación o los productos de origen europeo o de países cubiertos por los compromisos internacionales de la Unión, e incluso la Comisión podrá restringir determinados procedimientos a operadores de terceros países cuando estén en juego intereses estratégicos europeos.
De la misma forma, la reforma incorpora además una profunda digitalización de la contratación pública, mediante sistemas interoperables, acreditaciones electrónicas de las empresas y espacios nacionales y europeo de datos de contratación, con el objetivo de reducir cargas administrativas y mejorar la transparencia, el control y la prevención del fraude.
Atención, opositores
Estamos todavía ante una propuesta legislativa, que deberá ser negociada y aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo. Pero, si finalmente prospera en términos similares a los propuestos por la Comisión, estaremos ante una de las reformas más importantes de la contratación pública europea desde 2014.
Por tanto, cuidado, que vienen curvas. Aunque de momento no hay que cambiar el Temario de las oposiciones, conviene empezar a pensar que pronto se puede producir reforma muy profunda de la normativa sobre contratación pública española, porque ya no estaríamos ante nuevas directivas que hubiera que transponer, sino ante un Reglamento directamente aplicable.
Miguel Ezcurra
