Redacción
Miércoles, 05 de Agosto de 2026
MADRID
La Ley de la Función Pública de la Administración del Estado ni está ni se le espera
Anunciado a bombo y platillo, el Proyecto de Ley duerme actualmente en el limbo de los justos del Congreso de los Diputados
Han transcurrido más de dos años desde que el Gobierno presentó el Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado como una de las grandes reformas destinadas a modernizar el empleo público.
Sin embargo, aquel anuncio solemne no se ha traducido hasta ahora en una ley, dado que el Proyecto continúa atascado en el Congreso de los Diputados, sin informe de Ponencia, sin dictamen de la Comisión de Hacienda y Función Pública y, por tanto, sin una fecha cierta para su aprobación.
En efecto, el Consejo de Ministros aprobó el texto y lo presentó en el Congreso el 17 de julio de 2024, siendo calificado por la Mesa el 23 de julio de 2024.y remitido a la Comisión de Hacienda y Función Pública.
El texto pretende desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito estatal bajo tres objetivos principales:
-
Carrera profesional y evaluación: Se formaliza la evaluación del desempeño ligada a la carrera horizontal (ascenso por tramos en el mismo puesto sin necesidad de cambiar de plaza) y a incentivos económicos.
-
Dirección pública profesional: Se regulan los requisitos de liderazgo para los puestos directivos de la Administración para limitar la libre designación arbitraria y potenciar la profesionalización.
-
Planificación estratégica: Agilización de procesos selectivos (obligatoriedad de convocar las plazas en el mismo año de la Oferta de Empleo Público) y medidas de captación de talento.
El plazo de enmiendas se abrió en julio de 2024 y, tras numerosas ampliaciones, concluyó el 19 de febrero de 2025. Se presentaron 383 enmiendas al articulado.
Dichas enmiendas fueron publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 4 de marzo de 2025. Desde el 20 de febrero de 2025, la iniciativa figura formalmente en fase de «Informe».
La Ponencia fue designada el 16 de septiembre de 2025, con representantes de los distintos grupos parlamentarios.
Sin embargo, hasta ahora no aparece publicado ni el el informe de la Ponencia ni el dictamen de la Comisión. O sea, apenas nada.
Por tanto, no existe actualmente una fecha cierta para su aprobación. El calendario dependerá fundamentalmente de que los grupos parlamentarios alcancen acuerdos sobre las numerosas enmiendas y de que la Mesa y la Comisión impulsen efectivamente la Ponencia. Cosa que, como puede comprender el lector, se nos antoja harto difícil por el momento político que estamos atravesando.
En defintiva, mucha propaganda, mucha reforma prometida y ningún avance real.
Pero lo verdaderamente inaceptable es que la Administración General del Estado continúe sin desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado hace casi 20 años, cuando ya lo han hecho varias Comunidades Autónomas, como es el caso de la Comunidad Valenciana (2010 y su modificación en 2021), Castilla-La Mancha (2011), Galicia ( 2015), Extremadura ( 2015), País Vasco (2022), Andalucía (2023), Asturias (2023), La Rioja (2023) y Canarias (2025).
Miguel Ezcurra
Sin embargo, aquel anuncio solemne no se ha traducido hasta ahora en una ley, dado que el Proyecto continúa atascado en el Congreso de los Diputados, sin informe de Ponencia, sin dictamen de la Comisión de Hacienda y Función Pública y, por tanto, sin una fecha cierta para su aprobación.
En efecto, el Consejo de Ministros aprobó el texto y lo presentó en el Congreso el 17 de julio de 2024, siendo calificado por la Mesa el 23 de julio de 2024.y remitido a la Comisión de Hacienda y Función Pública.
El texto pretende desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito estatal bajo tres objetivos principales:
-
Carrera profesional y evaluación: Se formaliza la evaluación del desempeño ligada a la carrera horizontal (ascenso por tramos en el mismo puesto sin necesidad de cambiar de plaza) y a incentivos económicos.
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Dirección pública profesional: Se regulan los requisitos de liderazgo para los puestos directivos de la Administración para limitar la libre designación arbitraria y potenciar la profesionalización.
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Planificación estratégica: Agilización de procesos selectivos (obligatoriedad de convocar las plazas en el mismo año de la Oferta de Empleo Público) y medidas de captación de talento.
El plazo de enmiendas se abrió en julio de 2024 y, tras numerosas ampliaciones, concluyó el 19 de febrero de 2025. Se presentaron 383 enmiendas al articulado.
Dichas enmiendas fueron publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 4 de marzo de 2025. Desde el 20 de febrero de 2025, la iniciativa figura formalmente en fase de «Informe».
La Ponencia fue designada el 16 de septiembre de 2025, con representantes de los distintos grupos parlamentarios.
Sin embargo, hasta ahora no aparece publicado ni el el informe de la Ponencia ni el dictamen de la Comisión. O sea, apenas nada.
Por tanto, no existe actualmente una fecha cierta para su aprobación. El calendario dependerá fundamentalmente de que los grupos parlamentarios alcancen acuerdos sobre las numerosas enmiendas y de que la Mesa y la Comisión impulsen efectivamente la Ponencia. Cosa que, como puede comprender el lector, se nos antoja harto difícil por el momento político que estamos atravesando.
En defintiva, mucha propaganda, mucha reforma prometida y ningún avance real.
Pero lo verdaderamente inaceptable es que la Administración General del Estado continúe sin desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado hace casi 20 años, cuando ya lo han hecho varias Comunidades Autónomas, como es el caso de la Comunidad Valenciana (2010 y su modificación en 2021), Castilla-La Mancha (2011), Galicia ( 2015), Extremadura ( 2015), País Vasco (2022), Andalucía (2023), Asturias (2023), La Rioja (2023) y Canarias (2025).
Miguel Ezcurra
