Miguel Ezcurra
Jueves, 23 de Julio de 2026
MADRID
La Ley de Nietos y el derecho a voto
Por más que me lo expliquen, no puedo entender que alguien, que ni siquiera ha pisado suelo español, pueda votar igual que tú y yo en las elecciones de nuestros gobernantes.
La llamada «ley de nietos» —en realidad, la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática— permitió adquirir la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles nacidos en el extranjero. Además, la instrucción aplicada por los registros interpretó ampliamente el supuesto, incluyendo a nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles.
Una vez obtenida la nacionalidad, la legislación electoral no distingue entre españoles:
-
nacidos y residentes en España;
-
emigrantes que vivieron aquí y marcharon después;
-
descendientes que jamás han residido en territorio español.
Todos son españoles jurídicamente y, al alcanzar la mayoría de edad, poseen el mismo derecho de sufragio. Los residentes en el extranjero inscritos en el CERA pueden votar en las elecciones generales, autonómicas y europeas. Desde la reforma de 2022, además, ya no necesitan solicitar previamente el voto mediante el antiguo sistema del «voto rogado».
Nacionalidad y derecho de voto
Creo que la nacionalidad y el derecho de voto no deberían confundirse automáticamente.
España puede reconocer legítimamente la nacionalidad a los descendientes de emigrantes o exiliados por razones históricas y reparadoras. ¡Faltaría más! Pero de ahí no se deduce necesariamente que todos deban adquirir de forma inmediata e incondicionada idéntico poder electoral.
Sería razonable estudiar algún requisito de vinculación efectiva para participar en las elecciones nacionales, como por ejemplo, haber residido previamente en España durante un periodo mínimo, acreditar una residencia reciente o haber mantenido una relación administrativa, tributaria o personal suficientemente estable con el país.
No se trataría de crear españoles de primera y de segunda, sino de aplicar un principio democrático elemental: quien participa en la elección de un Gobierno debería mantener una conexión real con la sociedad que va a ser gobernada. Porque una cosa es reconocer la memoria, la sangre o el origen familiar, y otra muy distinta permitir que se decida el futuro político de un país conocido solamente por los relatos de los abuelos.
De todas formas, es mi modesta opinión, sujeta a mejor criterio.
Miguel Ezcurra
La llamada «ley de nietos» —en realidad, la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática— permitió adquirir la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles nacidos en el extranjero. Además, la instrucción aplicada por los registros interpretó ampliamente el supuesto, incluyendo a nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles.
Una vez obtenida la nacionalidad, la legislación electoral no distingue entre españoles:
-
nacidos y residentes en España;
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emigrantes que vivieron aquí y marcharon después;
-
descendientes que jamás han residido en territorio español.
Todos son españoles jurídicamente y, al alcanzar la mayoría de edad, poseen el mismo derecho de sufragio. Los residentes en el extranjero inscritos en el CERA pueden votar en las elecciones generales, autonómicas y europeas. Desde la reforma de 2022, además, ya no necesitan solicitar previamente el voto mediante el antiguo sistema del «voto rogado».
Nacionalidad y derecho de voto
Creo que la nacionalidad y el derecho de voto no deberían confundirse automáticamente.
España puede reconocer legítimamente la nacionalidad a los descendientes de emigrantes o exiliados por razones históricas y reparadoras. ¡Faltaría más! Pero de ahí no se deduce necesariamente que todos deban adquirir de forma inmediata e incondicionada idéntico poder electoral.
Sería razonable estudiar algún requisito de vinculación efectiva para participar en las elecciones nacionales, como por ejemplo, haber residido previamente en España durante un periodo mínimo, acreditar una residencia reciente o haber mantenido una relación administrativa, tributaria o personal suficientemente estable con el país.
No se trataría de crear españoles de primera y de segunda, sino de aplicar un principio democrático elemental: quien participa en la elección de un Gobierno debería mantener una conexión real con la sociedad que va a ser gobernada. Porque una cosa es reconocer la memoria, la sangre o el origen familiar, y otra muy distinta permitir que se decida el futuro político de un país conocido solamente por los relatos de los abuelos.
De todas formas, es mi modesta opinión, sujeta a mejor criterio.
Miguel Ezcurra
