Redacción
Martes, 28 de Abril de 2026
MADRID
Cuando la justicia llega tarde, deja de parecer justicia
Los juicios orales que estos días se están celebrando en la Audiencia Nacional por el caso Pujol y por la operación Kitchen tienen algo en común que va más allá de su enorme carga política: ambos llegan al juicio con el tiempo convertido en protagonista.
En el caso Pujol, el procedimiento arrastra hechos conocidos públicamente desde 2014, cuando Jordi Pujol reconoció la existencia de dinero familiar oculto en el extranjero. La Audiencia Nacional señaló el juicio para noviembre de 2025 y lo extendió hasta abril de 2026, más de una década después del estallido público del caso. En los últimos días, además, el propio Jordi Pujol ha quedado fuera del procedimiento por deterioro cognitivo, al no estar ya en condiciones de defenderse con plenitud.
En el caso Kitchen, la distancia temporal también es demoledora. La causa examina una presunta operación parapolicial desarrollada entre 2013 y 2015 para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y obtener documentación comprometedora. El juicio oral se celebra ahora, en abril de 2026, con declaraciones en las que se repiten fórmulas como “no lo recuerdo”, “no me consta” o “nunca tuve conocimiento”.
El caso Pujol ofrece una imagen especialmente simbólica: un expresidente que llega al final de su recorrido judicial con 95 años y con el tribunal concluyendo que ya no puede defenderse adecuadamente. Esto es jurídicamente correcto desde la perspectiva de las garantías, pero socialmente deja una sensación amarga, ya que si el Estado necesitaba esclarecer penalmente unos hechos tan graves, debió hacerlo antes.
Kitchen, por su parte, muestra la patología de los grandes procesos políticos en los que, habiendo pasado más de una década, los interrogatorios chocan contra una muralla de desconocimiento, lagunas y falta de memoria. Según hemos visto en Televisión, varios testigos vinculados al PP han declarado no recordar o no tener constancia de extremos relevantes de la operación. La justicia puede seguir adelante, naturalmente, pero cada “no lo recuerdo” pronunciado tantos años después opera como una enmienda silenciosa al sistema.
No se trata de prejuzgar a nadie. La presunción de inocencia es un pilar básico y debe respetarse escrupulosamente. Pero precisamente por eso el proceso penal debe llegar a tiempo, porque, de lo contrario, como ocurre en estos casos, podrán denominarse procedimientos judiciales, pero difícilmente la ciudadanía podemos percibirlos como justicia.
Miguel Ezcurra
En el caso Pujol, el procedimiento arrastra hechos conocidos públicamente desde 2014, cuando Jordi Pujol reconoció la existencia de dinero familiar oculto en el extranjero. La Audiencia Nacional señaló el juicio para noviembre de 2025 y lo extendió hasta abril de 2026, más de una década después del estallido público del caso. En los últimos días, además, el propio Jordi Pujol ha quedado fuera del procedimiento por deterioro cognitivo, al no estar ya en condiciones de defenderse con plenitud.
En el caso Kitchen, la distancia temporal también es demoledora. La causa examina una presunta operación parapolicial desarrollada entre 2013 y 2015 para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y obtener documentación comprometedora. El juicio oral se celebra ahora, en abril de 2026, con declaraciones en las que se repiten fórmulas como “no lo recuerdo”, “no me consta” o “nunca tuve conocimiento”.
El caso Pujol ofrece una imagen especialmente simbólica: un expresidente que llega al final de su recorrido judicial con 95 años y con el tribunal concluyendo que ya no puede defenderse adecuadamente. Esto es jurídicamente correcto desde la perspectiva de las garantías, pero socialmente deja una sensación amarga, ya que si el Estado necesitaba esclarecer penalmente unos hechos tan graves, debió hacerlo antes.
Kitchen, por su parte, muestra la patología de los grandes procesos políticos en los que, habiendo pasado más de una década, los interrogatorios chocan contra una muralla de desconocimiento, lagunas y falta de memoria. Según hemos visto en Televisión, varios testigos vinculados al PP han declarado no recordar o no tener constancia de extremos relevantes de la operación. La justicia puede seguir adelante, naturalmente, pero cada “no lo recuerdo” pronunciado tantos años después opera como una enmienda silenciosa al sistema.
No se trata de prejuzgar a nadie. La presunción de inocencia es un pilar básico y debe respetarse escrupulosamente. Pero precisamente por eso el proceso penal debe llegar a tiempo, porque, de lo contrario, como ocurre en estos casos, podrán denominarse procedimientos judiciales, pero difícilmente la ciudadanía podemos percibirlos como justicia.
Miguel Ezcurra
