Redacción
Martes, 17 de Marzo de 2026
El Supremo recuerda que la toga no ampara el abuso verbal
Del “yo no soy vuestra amiga” al “eres un gilipollas”
Hay resoluciones judiciales que, además de resolver un caso, lanzan un mensaje institucional.
Eso es exactamente lo que ha ocurrido con la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la multa de 2.000 euros impuesta a una jueza de Nules por dirigirse a compañeros y personal del juzgado con expresiones como “vagos”, “gilipollas”, “cara polla”, “frígida” o “no vales nada”. No estamos ante una mera salida de tono ni ante un exabrupto aislado. Lo que describe la resolución es una forma de ejercer la autoridad incompatible con la dignidad de la función judicial.
Durante demasiado tiempo, algunos han confundido jerarquía con intimidación, firmeza con humillación y autoridad con desprecio. Este caso es un buen ejemplo de esa patología institucional. Según los hechos recogidos en la resolución, la magistrada se dirigía a integrantes de su oficina judicial con apelativos degradantes y comentarios impropios de cualquier responsable público, y mucho más de quien encarna al Poder Judicial. Entre las frases atribuidas figuran expresiones como “aquí van a rodar cabezas”, “yo no soy vuestra amiga” y “no quiero réplicas”. El problema no es solo el mal gusto. El problema es la cultura de miedo, sometimiento y degradación profesional que esas frases revelan.
Especialmente grave resulta el trato dispensado a la letrada de la Administración de Justicia. Según la sentencia, la jueza llegó a decir de ella que “no sirve ni para limpiar la mierda de mi culo”, que “me río con mis amigos jueces de ella” y que “no tiene ni idea de tramitar”. No hay aquí ironía, ni confianza, ni lenguaje coloquial mal entendido. Hay un ataque frontal a la dignidad profesional de una compañera y una voluntad de envilecer la relación de trabajo dentro de un órgano judicial. Y conviene subrayarlo: un juzgado no es el cortijo personal de nadie.
La resolución también recoge comentarios de contenido sexual dirigidos de forma reiterada a un funcionario. Entre ellos, “¿a ti se te levanta?” o “tiene un buen polvo”, además de otras insinuaciones vinculadas a su relación de pareja. Sumado a ello, constan humillaciones públicas como “no vales nada”. Es difícil imaginar una combinación más elocuente de abuso verbal, degradación personal y absoluta pérdida del sentido institucional del cargo. Cuando quien incurre en ese comportamiento es, precisamente, quien debe garantizar la legalidad, la serenidad y el respeto en la oficina judicial, el deterioro institucional es todavía mayor.
La jueza intentó defenderse alegando que todo debía entenderse en el marco de una supuesta “relación de confianza” con los funcionarios. El argumento no solo fracasa: resulta revelador. Porque una cosa es la cercanía humana y otra muy distinta pretender que la familiaridad convierta en aceptables frases como “eres un gilipollas”, “el decano, otro gilipollas”, “le voy a dar una hostia” o “lo voy a hundir”. El Supremo rechaza esa coartada y considera que las expresiones revelan una grave falta de respeto, sin causa legítima que pueda justificarlas. La toga no blinda frente al Derecho disciplinario; menos aún cuando se utiliza como escudo para el abuso.
Esta noticia debería interesar mucho a los opositores serios, que son la mayoría. Porque recuerda una verdad elemental que a veces se olvida entre temarios, test y supuestos prácticos: el acceso a la función pública no solo exige conocimiento técnico, sino también autocontrol, respeto institucional y madurez en el ejercicio del poder. Quien aspira a ser Juez, Fiscal, LAJ, Interventor, Secretario, Tesorero o Técnico Superior debe entender que mandar no es gritar, corregir no es humillar y dirigir no es degradar. Porque precisamente la autoridad pública se fortalece con la ejemplaridad y se corrompe con el insulto.
El Supremo, al confirmar esta sanción, no solo corrige una conducta individual. Está recordando algo más profundo: que el Estado de Derecho empieza también en los pasillos, en los despachos y en la forma de tratar a los compañeros y subordinados. Porque cuando en un Juzgado se normalizan frases como “vagos”, “gilipollas” o “no vales nada”, lo que se degrada no es solo el ambiente laboral. Lo que se degrada es la propia idea de Justicia.
Eso es exactamente lo que ha ocurrido con la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la multa de 2.000 euros impuesta a una jueza de Nules por dirigirse a compañeros y personal del juzgado con expresiones como “vagos”, “gilipollas”, “cara polla”, “frígida” o “no vales nada”. No estamos ante una mera salida de tono ni ante un exabrupto aislado. Lo que describe la resolución es una forma de ejercer la autoridad incompatible con la dignidad de la función judicial.
Durante demasiado tiempo, algunos han confundido jerarquía con intimidación, firmeza con humillación y autoridad con desprecio. Este caso es un buen ejemplo de esa patología institucional. Según los hechos recogidos en la resolución, la magistrada se dirigía a integrantes de su oficina judicial con apelativos degradantes y comentarios impropios de cualquier responsable público, y mucho más de quien encarna al Poder Judicial. Entre las frases atribuidas figuran expresiones como “aquí van a rodar cabezas”, “yo no soy vuestra amiga” y “no quiero réplicas”. El problema no es solo el mal gusto. El problema es la cultura de miedo, sometimiento y degradación profesional que esas frases revelan.
Especialmente grave resulta el trato dispensado a la letrada de la Administración de Justicia. Según la sentencia, la jueza llegó a decir de ella que “no sirve ni para limpiar la mierda de mi culo”, que “me río con mis amigos jueces de ella” y que “no tiene ni idea de tramitar”. No hay aquí ironía, ni confianza, ni lenguaje coloquial mal entendido. Hay un ataque frontal a la dignidad profesional de una compañera y una voluntad de envilecer la relación de trabajo dentro de un órgano judicial. Y conviene subrayarlo: un juzgado no es el cortijo personal de nadie.
La resolución también recoge comentarios de contenido sexual dirigidos de forma reiterada a un funcionario. Entre ellos, “¿a ti se te levanta?” o “tiene un buen polvo”, además de otras insinuaciones vinculadas a su relación de pareja. Sumado a ello, constan humillaciones públicas como “no vales nada”. Es difícil imaginar una combinación más elocuente de abuso verbal, degradación personal y absoluta pérdida del sentido institucional del cargo. Cuando quien incurre en ese comportamiento es, precisamente, quien debe garantizar la legalidad, la serenidad y el respeto en la oficina judicial, el deterioro institucional es todavía mayor.
La jueza intentó defenderse alegando que todo debía entenderse en el marco de una supuesta “relación de confianza” con los funcionarios. El argumento no solo fracasa: resulta revelador. Porque una cosa es la cercanía humana y otra muy distinta pretender que la familiaridad convierta en aceptables frases como “eres un gilipollas”, “el decano, otro gilipollas”, “le voy a dar una hostia” o “lo voy a hundir”. El Supremo rechaza esa coartada y considera que las expresiones revelan una grave falta de respeto, sin causa legítima que pueda justificarlas. La toga no blinda frente al Derecho disciplinario; menos aún cuando se utiliza como escudo para el abuso.
Esta noticia debería interesar mucho a los opositores serios, que son la mayoría. Porque recuerda una verdad elemental que a veces se olvida entre temarios, test y supuestos prácticos: el acceso a la función pública no solo exige conocimiento técnico, sino también autocontrol, respeto institucional y madurez en el ejercicio del poder. Quien aspira a ser Juez, Fiscal, LAJ, Interventor, Secretario, Tesorero o Técnico Superior debe entender que mandar no es gritar, corregir no es humillar y dirigir no es degradar. Porque precisamente la autoridad pública se fortalece con la ejemplaridad y se corrompe con el insulto.
El Supremo, al confirmar esta sanción, no solo corrige una conducta individual. Está recordando algo más profundo: que el Estado de Derecho empieza también en los pasillos, en los despachos y en la forma de tratar a los compañeros y subordinados. Porque cuando en un Juzgado se normalizan frases como “vagos”, “gilipollas” o “no vales nada”, lo que se degrada no es solo el ambiente laboral. Lo que se degrada es la propia idea de Justicia.
