Redacción
Martes, 03 de Febrero de 2026
ESTRASBURGO
La Eurocámara presiona a España para fijar un umbral mínimo de voto en las europeas
El Parlamento Europeo ha vuelto a reclamar a España que ratifique la reforma de la ley electoral europea de 2018, con el fin de introducir un umbral nacional de entre el 2 % y el 5 % de los votos para acceder al reparto de escaños en las elecciones al Parlamento Europeo. España es actualmente el único Estado miembro que no ha completado esta ratificación, lo que bloquea la plena entrada en vigor de la norma en el conjunto de la Unión.
El texto aprobado —de carácter no vinculante— recoge las conclusiones de una misión de la comisión de Asuntos Constitucionales que visitó Madrid en mayo. En el pleno de Estrasburgo salió adelante con 417 votos a favor, 234 en contra y 9 abstenciones. Entre los votos contrarios se situaron la mayoría de los eurodiputados del PSOE, así como los de Vox y de varias formaciones nacionalistas y de izquierda que podrían verse directamente perjudicadas por la introducción del umbral, como el PNV, ERC, BNG, Compromís, Comuns o Sumar.
El impulsor de la iniciativa, el eurodiputado popular Borja Giménez, recordó que la reforma fue aprobada en su día en el Consejo de la UE con el visto bueno de España y con el apoyo del PSOE en la propia Eurocámara. Sin embargo, criticó que el Congreso de los Diputados mantenga paralizada su ratificación, calificando la norma de “necesaria y pragmática” para reforzar la proporcionalidad y la coherencia del sistema electoral europeo.
La oposición del PNV es especialmente significativa. El partido vasco condicionó su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez en 2023 a que no se reformara la ley electoral europea o, en su caso, a que cualquier ratificación se hiciera con acuerdo previo. En las últimas elecciones europeas, la coalición en la que concurrió el PNV obtuvo un 1,63 % de los votos, porcentaje suficiente para conservar su escaño con la normativa actual, pero insuficiente si hubiera estado vigente el umbral mínimo del 2 %, exigido a los Estados con más de 35 eurodiputados, como es el caso de España.
Giménez se mostró convencido de que la situación cambiará cuando el Partido Popular alcance el Gobierno y se modifiquen las mayorías parlamentarias: “Hay un compromiso claro de cumplir la normativa europea para que pueda entrar en vigor”, afirmó, dejando claro que el debate sobre el umbral electoral seguirá siendo un punto de fricción clave entre Bruselas y la política interna española.
El texto aprobado —de carácter no vinculante— recoge las conclusiones de una misión de la comisión de Asuntos Constitucionales que visitó Madrid en mayo. En el pleno de Estrasburgo salió adelante con 417 votos a favor, 234 en contra y 9 abstenciones. Entre los votos contrarios se situaron la mayoría de los eurodiputados del PSOE, así como los de Vox y de varias formaciones nacionalistas y de izquierda que podrían verse directamente perjudicadas por la introducción del umbral, como el PNV, ERC, BNG, Compromís, Comuns o Sumar.
El impulsor de la iniciativa, el eurodiputado popular Borja Giménez, recordó que la reforma fue aprobada en su día en el Consejo de la UE con el visto bueno de España y con el apoyo del PSOE en la propia Eurocámara. Sin embargo, criticó que el Congreso de los Diputados mantenga paralizada su ratificación, calificando la norma de “necesaria y pragmática” para reforzar la proporcionalidad y la coherencia del sistema electoral europeo.
La oposición del PNV es especialmente significativa. El partido vasco condicionó su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez en 2023 a que no se reformara la ley electoral europea o, en su caso, a que cualquier ratificación se hiciera con acuerdo previo. En las últimas elecciones europeas, la coalición en la que concurrió el PNV obtuvo un 1,63 % de los votos, porcentaje suficiente para conservar su escaño con la normativa actual, pero insuficiente si hubiera estado vigente el umbral mínimo del 2 %, exigido a los Estados con más de 35 eurodiputados, como es el caso de España.
Giménez se mostró convencido de que la situación cambiará cuando el Partido Popular alcance el Gobierno y se modifiquen las mayorías parlamentarias: “Hay un compromiso claro de cumplir la normativa europea para que pueda entrar en vigor”, afirmó, dejando claro que el debate sobre el umbral electoral seguirá siendo un punto de fricción clave entre Bruselas y la política interna española.
