Redacción
Martes, 06 de Enero de 2026
NUEVA YORK
La acusación de Estados Unidos contra Maduro
La justicia federal de Estados Unidos ha formulado una de las acusaciones más graves jamás dirigidas contra un jefe de Estado en ejercicio. Un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York imputa a Nicolás Maduro Moros y a varios miembros clave de su entorno político y familiar la dirección de una macro-conspiración criminal de narcotráfico y narco-terrorismo sostenida durante más de veinticinco años.
El documento judicial, de más de veinte páginas, no describe hechos aislados ni episodios marginales, sino la captura sistemática del Estado venezolano por una organización criminal, en la que las instituciones públicas habrían sido utilizadas como instrumentos al servicio del tráfico internacional de cocaína con destino principal a Estados Unidos.
Un régimen acusado de proteger y dirigir el tráfico de cocaína
Según la acusación, desde finales de los años noventa Venezuela habría pasado de ser un país de tránsito a convertirse en un centro neurálgico del narcotráfico internacional, gracias a la colaboración directa de altos cargos civiles, militares y de inteligencia. En la cúspide de esa estructura se situaría el propio Maduro, a quien se atribuye la jefatura del llamado Cartel de los Soles, denominado así por las insignias militares de los generales implicados.
El escrito sostiene que, primero como diputado, después como ministro de Asuntos Exteriores, más tarde como vicepresidente y finalmente como presidente de la República, Maduro habría facilitado rutas aéreas y marítimas, protección militar, pasaportes diplomáticos y cobertura institucional a organizaciones criminales.
Alianzas con guerrillas y cárteles internacionales
La acusación detalla alianzas estables del régimen venezolano con algunas de las organizaciones terroristas y criminales más violentas del mundo, entre ellas las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua. Estas organizaciones, designadas como terroristas por el Departamento de Estado estadounidense, habrían encontrado en Venezuela un territorio seguro desde el que producir, almacenar y enviar toneladas de cocaína.
De acuerdo con las estimaciones oficiales citadas en el documento, entre 200 y 250 toneladas de cocaína atravesaban anualmente Venezuela en dirección a Centroamérica, México y Estados Unidos, utilizando puertos, aeropuertos comerciales, pistas clandestinas y vuelos protegidos por autoridades venezolanas.
La implicación del entorno familiar y político
Uno de los elementos más contundentes del escrito es la implicación directa de familiares y colaboradores estrechos del presidente. La acusación incluye a su esposa, Cilia Flores, y a su hijo Nicolás Maduro Guerra, a quienes se atribuyen funciones activas en la logística, financiación y protección de envíos de droga.
Se describen reuniones grabadas, pagos de sobornos, utilización de hangares presidenciales, aviones de la petrolera estatal PDVSA y operaciones encubiertas bajo apariencia diplomática. En algunos casos, incluso se imputan órdenes de secuestro y asesinato contra personas que interferían en las actividades delictivas.
Los cargos: narcoterrorismo y delincuencia organizada transnacional
Jurídicamente, la acusación es demoledora. Se imputan delitos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a gran escala, posesión y uso de ametralladoras y armas de guerra, así como decomiso de bienes procedentes del crimen.
No se trata de una acusación simbólica. El escrito prevé penas de cadena perpetua, órdenes de detención internacional y el decomiso de cualquier activo vinculado a los acusados, incluso mediante bienes sustitutivos si los originales no pudieran localizarse.
Una causa con profundas implicaciones internacionales
Más allá del proceso penal, el documento plantea una cuestión de enorme calado político y jurídico: la transformación de un Estado soberano en una estructura criminal organizada, con efectos directos sobre la seguridad internacional, el terrorismo y el tráfico de drogas.
Para los opositores y estudiosos del Derecho Público y Penal Internacional, esta acusación constituye un caso de estudio paradigmático sobre la erosión del Estado de Derecho, la responsabilidad penal de los gobernantes y los límites de la inmunidad internacional cuando el poder se ejerce como instrumento del crimen.
P.D. El documento acusatorio original puede consultarse debajo de este artículo.
El documento judicial, de más de veinte páginas, no describe hechos aislados ni episodios marginales, sino la captura sistemática del Estado venezolano por una organización criminal, en la que las instituciones públicas habrían sido utilizadas como instrumentos al servicio del tráfico internacional de cocaína con destino principal a Estados Unidos.
Un régimen acusado de proteger y dirigir el tráfico de cocaína
Según la acusación, desde finales de los años noventa Venezuela habría pasado de ser un país de tránsito a convertirse en un centro neurálgico del narcotráfico internacional, gracias a la colaboración directa de altos cargos civiles, militares y de inteligencia. En la cúspide de esa estructura se situaría el propio Maduro, a quien se atribuye la jefatura del llamado Cartel de los Soles, denominado así por las insignias militares de los generales implicados.
El escrito sostiene que, primero como diputado, después como ministro de Asuntos Exteriores, más tarde como vicepresidente y finalmente como presidente de la República, Maduro habría facilitado rutas aéreas y marítimas, protección militar, pasaportes diplomáticos y cobertura institucional a organizaciones criminales.
Alianzas con guerrillas y cárteles internacionales
La acusación detalla alianzas estables del régimen venezolano con algunas de las organizaciones terroristas y criminales más violentas del mundo, entre ellas las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua. Estas organizaciones, designadas como terroristas por el Departamento de Estado estadounidense, habrían encontrado en Venezuela un territorio seguro desde el que producir, almacenar y enviar toneladas de cocaína.
De acuerdo con las estimaciones oficiales citadas en el documento, entre 200 y 250 toneladas de cocaína atravesaban anualmente Venezuela en dirección a Centroamérica, México y Estados Unidos, utilizando puertos, aeropuertos comerciales, pistas clandestinas y vuelos protegidos por autoridades venezolanas.
La implicación del entorno familiar y político
Uno de los elementos más contundentes del escrito es la implicación directa de familiares y colaboradores estrechos del presidente. La acusación incluye a su esposa, Cilia Flores, y a su hijo Nicolás Maduro Guerra, a quienes se atribuyen funciones activas en la logística, financiación y protección de envíos de droga.
Se describen reuniones grabadas, pagos de sobornos, utilización de hangares presidenciales, aviones de la petrolera estatal PDVSA y operaciones encubiertas bajo apariencia diplomática. En algunos casos, incluso se imputan órdenes de secuestro y asesinato contra personas que interferían en las actividades delictivas.
Los cargos: narcoterrorismo y delincuencia organizada transnacional
Jurídicamente, la acusación es demoledora. Se imputan delitos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a gran escala, posesión y uso de ametralladoras y armas de guerra, así como decomiso de bienes procedentes del crimen.
No se trata de una acusación simbólica. El escrito prevé penas de cadena perpetua, órdenes de detención internacional y el decomiso de cualquier activo vinculado a los acusados, incluso mediante bienes sustitutivos si los originales no pudieran localizarse.
Una causa con profundas implicaciones internacionales
Más allá del proceso penal, el documento plantea una cuestión de enorme calado político y jurídico: la transformación de un Estado soberano en una estructura criminal organizada, con efectos directos sobre la seguridad internacional, el terrorismo y el tráfico de drogas.
Para los opositores y estudiosos del Derecho Público y Penal Internacional, esta acusación constituye un caso de estudio paradigmático sobre la erosión del Estado de Derecho, la responsabilidad penal de los gobernantes y los límites de la inmunidad internacional cuando el poder se ejerce como instrumento del crimen.
P.D. El documento acusatorio original puede consultarse debajo de este artículo.
