Redacción
Jueves, 18 de Diciembre de 2025
MADRID
El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios del Estado
El Gobierno ha dado un paso decisivo para hacer realidad la reivindicación histórica de reducir la jornada laboral de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) hasta las 35 horas semanales.
La medida, largamente reclamada por los sindicatos y pactada en acuerdos marco previos, se encontraba pendiente de concreción desde su inclusión en los compromisos laborales alcanzados en negociaciones entre el Ministerio de Función Pública y las organizaciones representativas de las empleadas y empleados públicos. En una reunión celebrada esta semana, el Ministerio que dirige Óscar López trasladó a los sindicatos que la implantación efectiva de la jornada de 35 horas para los funcionarios estatales será abordada formalmente entre los meses de febrero y marzo de 2026, con el inicio de negociaciones en la Mesa General de Negociación a partir de enero.
La implantación de este nuevo régimen de trabajo está vinculada al Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, rubricado entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios —UGT, CCOO y CSIF—, que, entre otras cuestiones, incluye también la regulación del teletrabajo en la AGE. En el encuentro, Función Pública confirmó que se constituirán grupos de trabajo a finales de enero para desarrollar las distintas facetas de este compromiso, entre ellas igualdad, digitalización e inteligencia artificial, así como salud laboral y empleo público.
El anuncio se produce en un contexto de discusiones más amplias sobre la jornada laboral en España. A nivel general, el Gobierno ya había impulsado una reforma para reducir la jornada ordinaria máxima de 40 a 37,5 horas semanales para todos los trabajadores, sin merma salarial, mediante un proyecto de ley que sigue su tramitación en el Congreso de los Diputados. Esa reducción, la primera desde 1983, fue objeto de amplios debates políticos y sindicales a lo largo de 2025 y sigue pendiente de aprobación definitiva.
Para el colectivo de funcionarios, la jornada de 35 horas representa un paso adicional más allá del objetivo general. La reivindicación había sido especialmente defendida por los sindicatos desde hace años, argumentando que España cuenta con numerosas administraciones autonómicas y locales donde ya se aplican esquemas laborales más reducidos, y que armonizar estas condiciones en el ámbito estatal evitaría agravios comparativos y contribuiría a la conciliación de la vida laboral y familiar.
Pese al avance, el calendario exacto de entrada en vigor aún no está cerrado. La negociación técnica y jurídica de la medida con los distintos departamentos ministeriales será clave en los próximos meses, así como el desarrollo reglamentario que debe acompañar cualquier modificación normativa interna. Los sindicatos han valorado positivamente el compromiso, aunque han subrayado que la concreción final deberá reflejarse en instrumentos normativos y acuerdos colectivos claros antes de su aplicación práctica.
La medida, largamente reclamada por los sindicatos y pactada en acuerdos marco previos, se encontraba pendiente de concreción desde su inclusión en los compromisos laborales alcanzados en negociaciones entre el Ministerio de Función Pública y las organizaciones representativas de las empleadas y empleados públicos. En una reunión celebrada esta semana, el Ministerio que dirige Óscar López trasladó a los sindicatos que la implantación efectiva de la jornada de 35 horas para los funcionarios estatales será abordada formalmente entre los meses de febrero y marzo de 2026, con el inicio de negociaciones en la Mesa General de Negociación a partir de enero.
La implantación de este nuevo régimen de trabajo está vinculada al Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, rubricado entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios —UGT, CCOO y CSIF—, que, entre otras cuestiones, incluye también la regulación del teletrabajo en la AGE. En el encuentro, Función Pública confirmó que se constituirán grupos de trabajo a finales de enero para desarrollar las distintas facetas de este compromiso, entre ellas igualdad, digitalización e inteligencia artificial, así como salud laboral y empleo público.
El anuncio se produce en un contexto de discusiones más amplias sobre la jornada laboral en España. A nivel general, el Gobierno ya había impulsado una reforma para reducir la jornada ordinaria máxima de 40 a 37,5 horas semanales para todos los trabajadores, sin merma salarial, mediante un proyecto de ley que sigue su tramitación en el Congreso de los Diputados. Esa reducción, la primera desde 1983, fue objeto de amplios debates políticos y sindicales a lo largo de 2025 y sigue pendiente de aprobación definitiva.
Para el colectivo de funcionarios, la jornada de 35 horas representa un paso adicional más allá del objetivo general. La reivindicación había sido especialmente defendida por los sindicatos desde hace años, argumentando que España cuenta con numerosas administraciones autonómicas y locales donde ya se aplican esquemas laborales más reducidos, y que armonizar estas condiciones en el ámbito estatal evitaría agravios comparativos y contribuiría a la conciliación de la vida laboral y familiar.
Pese al avance, el calendario exacto de entrada en vigor aún no está cerrado. La negociación técnica y jurídica de la medida con los distintos departamentos ministeriales será clave en los próximos meses, así como el desarrollo reglamentario que debe acompañar cualquier modificación normativa interna. Los sindicatos han valorado positivamente el compromiso, aunque han subrayado que la concreción final deberá reflejarse en instrumentos normativos y acuerdos colectivos claros antes de su aplicación práctica.
