Redacción
Miércoles, 03 de Diciembre de 2025
MADRID
APSITAL rechaza la cesión de competencias sobre los FHCN a Cataluña
La Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (APSITAL) ha emitido un contundente comunicado en el que expresa su “más firme rechazo” a la decisión del Gobierno de incluir en el nuevo Real Decreto-ley —que recoge la subida retributiva de los empleados públicos— una disposición que cede a la Generalitat de Cataluña la selección y gestión de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
La organización considera que esta operación legislativa, introducida sin diálogo previo y mediante un instrumento normativo de urgencia “carente de conexión material con la materia regulada”, supone un “grave menoscabo” del régimen jurídico del Cuerpo y vulnera el marco constitucional que protege su imparcialidad y su dependencia exclusiva del Estado.
Una medida que “convierten en moneda de cambio” la habilitación nacional
APSITAL acusa al Gobierno de sacrificar “la imparcialidad y la independencia” de los habilitados nacionales para asegurar apoyos parlamentarios, convirtiéndolos “de facto, en moneda de cambio”. La asociación recuerda que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 25/1983, ya estableció de manera inequívoca que la selección y adscripción de estos cuerpos nacionales es una competencia exclusiva del Estado, al integrarse en el núcleo esencial del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
Según la entidad, el Ejecutivo rompe así un principio esencial del modelo administrativo español: la neutralidad de los Secretarios, Interventores y Tesoreros municipales, cuya función es garantizar la legalidad de la actuación pública local.
“Se confirma lo que APSITAL venía advirtiendo”
El comunicado también señala que esta decisión confirma las advertencias que la asociación ya había realizado tras el pacto del pasado 14 de enero entre el Ministerio de Función Pública y la Generalitat, que —según APSITAL— anticipaba un vaciamiento competencial mediante una encomienda de gestión “utilizada en fraude de ley”.
La forma escogida para materializar esta cesión —incorporándola de manera “soterrada” dentro de un Real Decreto-ley vinculado a las retribuciones del personal público— supone, a su juicio, “un elemento de gravedad institucional añadido”.
Riesgos para la seguridad jurídica y el modelo territorial
APSITAL alerta de que esta modificación legislativa, al fragmentar la unidad del Cuerpo, “debilita la seguridad jurídica”, diluye las garantías del modelo y transmite a la ciudadanía la imagen de un Estado dispuesto a alterar elementos estructurales del sistema público con fines coyunturales.
La asociación afirma que la ruptura del carácter nacional de estos funcionarios podría generar desigualdad territorial, comprometer el control interno de legalidad en los ayuntamientos y crear un precedente que afectaría al conjunto del país.
Una vulneración de los principios esenciales de la habilitación
En su conclusión, APSITAL denuncia “con firmeza” que esta decisión “vulnera los principios de independencia, objetividad y profesionalidad” que justifican la existencia del Cuerpo de Habilitación Nacional, y anuncia que seguirá oponiéndose a cualquier iniciativa que afecte a su naturaleza, su régimen jurídico y su papel como garantes de la legalidad local.
