Redacción
Miércoles, 12 de Noviembre de 2025
CASTELLÓN
Castellón planta cara a la okupación con un plan municipal que ya ha evitado más de veinte intrusiones
Coordinación vecinal, actuación inmediata y medidas legales conforman la estrategia del Ayuntamiento para frenar un problema creciente
La okupación ilegal de viviendas se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Durante los meses de verano, los casos de allanamientos se han multiplicado en barrios urbanos, zonas costeras y municipios del interior, alimentando la sensación de indefensión de los propietarios. En este contexto, el Ayuntamiento de Castellón de la Plana ha decidido pasar de la queja a la acción con un plan pionero que combina rapidez policial, colaboración vecinal y presión administrativa sobre los okupas.
Desde que la Concejalía de Seguridad y Emergencias —dirigida por Vox— activó el nuevo protocolo, la Policía Local ha frustrado más de una veintena de intentos de ocupación, la mayoría en viviendas del distrito norte, aunque también en bajos comerciales y naves industriales. En algunos casos, la intervención se produjo in fraganti, apenas horas después de recibir la alerta. “La intervención de nuestros agentes ha sido decisiva para proteger la propiedad privada frente a okupaciones ilegales. Actuamos con profesionalidad y dentro de la legalidad, garantizando la seguridad de todos los vecinos”, afirma el concejal del área, Antonio Ortolá.
Tres líneas de actuación
El plan municipal se articula en torno a tres ejes complementarios:
Primero, la intervención inmediata ante cualquier aviso o sospecha. En coordinación con asociaciones vecinales y administradores de fincas, la Policía de Barrio y la Unidad de Barrios responden en cuestión de horas para impedir que los okupas consoliden su presencia. Gracias a este sistema, se han evitado entradas ilegales en viviendas próximas a la estación y en locales del distrito oeste.
Segundo, la prevención y concienciación ciudadana, mediante campañas informativas sobre medidas de protección como puertas antiokupa (PAO), alarmas o cámaras de vigilancia. Los agentes también impulsan la vigilancia comunitaria, convirtiendo a los propios vecinos en los primeros ojos frente a movimientos sospechosos. “Estas acciones permiten anticiparse a posibles intentos de ocupación y disuadir a quienes pudieran ocupar ilegalmente una vivienda”, explican fuentes municipales.
Tercero, la intervención en okupaciones consolidadas, donde el Ayuntamiento recurre a todas las herramientas legales disponibles: revisión de empadronamientos, detección de contratos irregulares, coordinación con las compañías eléctricas para suspender suministros o tramitación de expedientes administrativos. En paralelo, se investiga la titularidad de los inmuebles para instar a los propietarios a tapiar, reforzar o recuperar sus viviendas.
El papel de los vecinos y las limitaciones legales
La implicación ciudadana ha sido clave en el éxito del plan. Los vecinos actúan como alerta temprana, facilitando que la Policía pueda actuar con rapidez y eficacia. “Esta colaboración no solo protege las propiedades, sino que refuerza la convivencia y la tranquilidad en los barrios”, subraya Ortolá.
Sin embargo, el edil advierte de que los ayuntamientos operan con un margen de actuación limitado. “Las leyes nacionales actuales abandonan al propietario y premian al okupa. Nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos, pero urge una reforma normativa que refuerce la protección de quienes sufren estas situaciones”, denuncia.
Mientras el debate sobre la reforma legal sigue bloqueado a nivel estatal, el Ayuntamiento de Castellón de la Plana se ha convertido en un ejemplo de cómo la prevención, la coordinación vecinal y la actuación policial pueden frenar, al menos en parte, una lacra que preocupa cada vez más a la sociedad española. La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha reiterado que el objetivo es claro: “Garantizar la seguridad de los vecinos y que Castellón no sea refugio de quienes se apropian de viviendas ajenas”.
