El Gobierno cede a Cataluña la gestión integral de los Secretarios, Tesoreros e Interventores municipales

El acuerdo se articula mediante una disposición adicional específica para Cataluña que otorga a la Generalitat competencias sobre creación y supresión de puestos, convocatoria de ofertas de empleo público, selección, nombramientos y provisión de plazas, así como la gestión administrativa completa de estos funcionarios.

Desde el Ejecutivo, por el momento, no se ha ofrecido una valoración pública sobre el alcance del acuerdo, aunque fuentes socialistas admiten que la medida responde al compromiso adquirido con los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez y que busca aliviar la situación de provisionalidad que afecta a decenas de municipios catalanes.

En paralelo, el pacto vuelve a tensar las relaciones con otras Comunidades Autónomas, que consideran discriminatorio que se otorgue a Cataluña facultades exclusivas sobre cuerpos de habilitación estatal.

La oposición, por su parte, ha reaccionado con dureza. El Partido Popular ha acusado a Sánchez de seguir cediendo competencias esenciales del Estado a cambio de su supervivencia política, mientras que Vox ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional al considerar que se vulneran principios básicos de igualdad y unidad de la función pública.

En el ámbito municipal, la medida ha sido acogida, por decirlo suavemente, con cautela. Y tanto Cosital como Apsital (asociaciones de tales funcionarios) han expresado su rechazo frontal por una posible politización de los nombramientos y por la fragmentación del cuerpo nacional, que hasta ahora garantizaba la neutralidad y homogeneidad técnica en la administración local.

La aprobación definitiva de la Ley de función pública del Estado, que aún debe superar el trámite parlamentario, marcará el momento en que esta disposición específica para Cataluña entre en vigor. Su impacto real dependerá en buena medida del desarrollo reglamentario que lleve a cabo la Generalitat y de las garantías que se establezcan para mantener los principios de mérito, capacidad y libre concurrencia en el acceso a la función pública.

No obstante, Apsital ha recordado que el Tribunal Constitucional declaró en 1983 que la selección de funcionarios pertenecientes a tales cuerpos pertenece al núcleo de las bases de la regulación que menciona el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, y que hace tan solo cuatro meses se opuso al pacto entre el Gobierno y la Generalitat por el cual la Generalitad asumía los procesos de selección de la próxima convocatoria pública de funcionarios locales.

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