Redacción
Lunes, 17 de Febrero de 2025
LEY DE CONTRATOS EL SECTOR PÚBLICO
Sumar propone actualizar los precios de los contratos públicos ante subidas de los costes de personal
El Grupo Parlamentario Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para establecer un marco permanente que permita actualizar los precios en los contratos del sector público cuando se produzcan incrementos en los costes salariales derivados del Salario Mínimo Interprofesional o de los convenios colectivos.
Con esta proposición, Sumar pretende dotar al sistema de contratación pública de instrumentos que garanticen su adaptabilidad a las dinámicas económicas y sociales, respetando los derechos laborales y preservando la estabilidad de los contratos. La medida se aplicará a aquellos contratos en los que los costes salariales representen al menos el 30% del presupuesto base de licitación, quedando excluidos los contratos de concesión de obras y servicios, así como aquellos con una duración inferior a un año.
Para garantizar la viabilidad de la actualización de precios, la propuesta modifica la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, obligando a los órganos de contratación a desglosar en el presupuesto los costes salariales cuando estos superen el umbral del 30%. Además, se deberán incluir estimaciones sobre la posible evolución de dichos costes durante la ejecución del contrato.
El objetivo de la reforma es ofrecer mayor seguridad jurídica a las empresas adjudicatarias, especialmente a las pymes, que en la actualidad deben asumir incrementos salariales sin mecanismos que permitan actualizar los precios del contrato, lo que vulnera el principio de equilibrio económico-financiero. También se busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que prestan servicios en contratos públicos, ya que la falta de ajuste en los precios ha generado en muchos casos precarización, retrasos en los pagos y dificultades para cumplir con los convenios colectivos.
En este sentido, la proposición establece que el convenio de referencia para determinar los costes salariales será el vigente para el personal laboral de la administración contratante que realice tareas similares, siempre que sus condiciones sean más favorables que las del convenio sectorial.
El procedimiento de actualización permitirá que las empresas contratistas puedan solicitar la revisión del precio durante la vigencia del contrato cuando el incremento salarial derive de normas legales o convenios colectivos. Para ello, se abrirá un procedimiento contradictorio que el órgano de contratación deberá resolver en plazos tasados. La actualización se aplicará desde la fecha de entrada en vigor del incremento salarial y solo afectará a la parte del precio impactada por dichos costes. En el caso de que haya subcontratación, la empresa principal tendrá la obligación de trasladar la actualización a las empresas subcontratadas.
