La Gaceta del Opositor

Año XXXI · Número 4212
Miércoles, 18 de octubre de 2017
Home Legislación Estatal El Tribunal Constitucional obliga a modificar la plusvalía municipal

El Tribunal Constitucional obliga a modificar la plusvalía municipal

E-mail Imprimir PDF

portada recaudacin localwebEl Tribunal Constitucional acaba de dictar una sentencia en la que aprecia la inconstitucionalidad parcial del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido popularmente como la plusvalía municipal. La conclusión del Alto Tribunal se veía venir, dado que es, con razón, el impuesto municipal más cuestionado en la práctica.

En primer lugar, sabemos que el hecho imponible de cualquier impuesto es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria.

Tratándose del IIVTNU, el art. 104 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) viene a decirnos que dicho impuesto es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

Pues bien, de ahí se deduce con claridad que el IIVTNU sólo podrá ser exigido cuando en la transmisión se produzca realmente un incremento de valor de los terrenos; es decir, cuando el valor de los terrenos en el momento de la transmisión sea superior al valor inicial de los mismos.

Pero el TRLRHL, al calcular la base imponible, prescinde totalmente del valor inicial, determinándose la misma en función de unos índices que no se ajustan a la realidad. En consecuencia, el TRLRHL no somete a tributación un incremento del valor real de los terrenos, sino uno meramente ficticio sobre el valor catastral fijado en el momento del devengo, esto es, de la transmisión, que se basa en lo que venía aconteciendo en tiempos pasados, donde el precio de los terrenos venía creciendo indefectiblemente. Pero en los momentos actuales, a veces con precios decrecientes a consecuencia de la crisis económica todavía no superada, tal cálculo carece de toda justificación real.

Ello acarrea dos consecuencias de trascendencia práctica incuestionable:

  • Si el valor del terreno en el momento de la transmisión es inferior al de adquisición, no hay incremento de valor del terreno en la realidad, por lo que no se ha realizado el hecho imponible del Impuesto y, por tanto, no procede el pago de cuota alguna. Se trata de un supuesto de no sujeción al impuesto, por no realización del hecho imponible.
  • Si el incremento del valor del terreno es inferior al que resulte de la aplicación de la fórmula legal, el sujeto pasivo debería poder acreditar la realidad del menor incremento acudiendo, en su caso, a la tasación pericial contradictoria.

En base a todo lo anterior, muchos contribuyentes recurrieron otras tantas liquidaciones giradas por los Ayuntamientos y cada vez fueron más las sentencias falladas en contra de la Administración. Por ejemplo, la cooperativa vasca Eroski compró unos terrenos en Leganés (Madrid) para construir un Centro Comercial y a los ocho años los vendió con pérdidas. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Leganés le exigió el pago de cerca de un millón de euros en concepto de IIVTNU. Eroski recurrió ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 17 de Madrid y éste le dio la razón. El Ayuntamiento recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y dicho órgano volvió a fallar en contra del Ayuntamiento.

Otro caso similar sucedió en Irún (Guipúzcoa), pero éste con mayor trascendencia práctica. En este caso, el Ayuntamiento reclamó a la sociedad anónima Bitarte el pago de 17.899 euros, en concepto de IIVTNU, al haber vendido por un importe de 600.000 euros un inmueble que le había costado 3,1 millones de euros. La empresa recurrió la liquidación y el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de San Sebastián planteó ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad, en la medida en que el impuesto podía ser contrario al artículo 31 de la Constitución Española, que señala que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. El Juzgado también planteó al Alto Tribunal la posibilidad de que la configuración actual del IIVTNU pueda limitar el derecho de defensa previsto en el artículo 24 de la Constitución, en la medida en que no permite una prueba a contrario que demuestra que no ha existido revalorización.

Resolviendo la cuestión planteada, el Tribunal Constitucional, en sentencia de 16 de febrero de 2017, no declara inconstitucional el IITNU en su totalidad, sino únicamente los artículos que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económicas, impidiendo a los sujetos pasivos que puedan acreditar esta circunstancia, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión.

En consecuencia, a partir de la publicación de esta sentencia, se deberán llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el TRLRHL para arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

No obstante lo anterior, a nuestro juicio también debería modificarse el TRLRHL para permitir a los sujetos pasivos, como antes dijimos, acreditar contradictoriamente un menor incremento que el resultante de la aplicación de los actuales índices. De lo contrario podría llegarse al absurdo de que a una persona que hubiera obtenido en la transacción de los terrenos, pongamos por caso, un beneficio de 5.000 euros, el Ayuntamiento le exigiera el pago de 12.000 euros por un IIVTNU calculado de una forma totalmente ficticia y alejada de la realidad.

Miguel Ezcurra