La Gaceta del Opositor

Año XXXI · Número 4487
Viernes, 20 de julio de 2018
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Ley 12/2010, de 21 de julio, de medidas urgentes para agilizar el ejercicio de actividades productivas y la creación del empleo

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Como consecuencia de la grave crisis económica que atraviesa España, es necesario y urgente adoptar cuantas medidas puedan contribuir, directa o indirectamente, a favorecer la recuperación de los sectores productivos y a la creación de empleo en la Comunitat Valenciana. Con este fin, la presente ley recoge un conjunto de disposiciones dirigidas, fundamentalmente, por un lado, a simplificar los procedimientos urbanísticos para facilitar la implantación de actividades productivas, y, por otro, a potenciar el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles para impulsar la inversión pública.

Esta ley no pretende acometer una reforma de la legislación urbanística autonómica, reforma que se aborda, con la amplitud y profundidad necesarias, a través de un proyecto de ley que el Consell está impulsando en estos momentos. Pero el amplio proceso de participación pública promovido precisamente para la preparación de ese proyecto legislativo ha permitido comprobar la existencia de un consenso prácticamente total en torno a la conveniencia de eliminar o simplificar determinados trámites y exigencias que, por su grado de complejidad o por las dudas interpretativas que genera su aplicación, obstaculizan la agilidad y eficacia en la actividad urbanística, sin aportar ventajas efectivas.

Por ello, de lo que se trata en este momento es de adelantar algunas modificaciones concretas de la Ley Urbanística Valenciana, de la Ley del Suelo No Urbanizable y de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje; modificaciones que, siendo plenamente coherentes con la orientación de la mencionada reforma, revisten una especial urgencia en la situación actual.

En ese sentido, se suprime la figura del concierto previo en la tramitación de los planes generales municipales, lo que permite agilizar de manera sustancial la tramitación del planeamiento, facilita la aplicación de la evaluación ambiental estratégica prevista en la Ley 9/2006, de 28 de abril, y refuerza la seguridad jurídica y el rigor del sistema de planeamiento.

Del mismo modo, se suprime la cédula territorial de urbanización, poniendo con ello fin a una figura de escasa utilidad que suponía una duplicidad de trámites en los proyectos para los que la Ley Urbanística Valenciana lo requería.

Con el fin de facilitar la gestión urbanística y la obtención de suelos dotacionales, se elimina también la exigencia de que los elementos de red primaria adscritos a un sector sean colindantes o próximos a él; exigencia que supone una rigidez y, en muchos casos, una dificultad adicional innecesarias.

Asimismo, se eliminan las restricciones que, para actuaciones en suelo urbano, introdujo el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, facilitando de este modo el desarrollo de operaciones de reforma y renovación urbana.

Para mejorar la seguridad jurídica y, con ello, facilitar la tramitación y aplicación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, se modifica el artículo 104.2 de la Ley Urbanística Valenciana, de manera que se despejan las dudas que la redacción vigente puede suscitar respecto a qué parte de los planes urbanísticos debe ser objeto de publicación oficial, optando por la alternativa más racional y más ágil.

Con el fin de agilizar la gestión de suelo para el desarrollo de actividades productivas, se incluye en la Ley del Suelo No Urbanizable un nuevo procedimiento de urgencia (análogo al que ya se preveía en el artículo 100 de la Ley Urbanística Valenciana), que se podrá aplicar a los procedimientos de declaración de interés comunitario que autoricen la implantación en suelo no urbanizable de actividades que generan empleo.

También se introduce un conjunto de modificaciones en el articulado de la Ley del Suelo No Urbanizable destinadas a permitir o facilitar el desarrollo de determinadas implantaciones en suelo no urbanizable, con el fin de activar iniciativas beneficiosas por su capacidad para generar empleo o para servir de apoyo a actividades productivas. Entre ellos se incluyen los establecimientos de restauración, hoteleros y asimilados de interés para el desarrollo turístico rural; las tiendas de productos agrícolas o plantas ornamentales y frutales situadas en las parcelas donde se producen; los estacionamientos de vehículos o maquinaria; los campings y centros deportivos, recreativos o de ocio; las actividades educativas y sanitarias, así como los usos y aprovechamientos que, expresa y excepcionalmente, puedan preverse en instrumentos de ordenación y gestión de espacios naturales. Y con el mismo fin, se elimina la necesidad de obtener nueva declaración de interés comunitario cuando se trata de cambios de uso sin incidencia sobre el territorio o de meras reformas sin ampliación de edificaciones o instalaciones que ya habían sido objeto de una declaración previa.

La simplificación y agilización de los procedimientos administrativos recibe además un impulso sustancial con dos medidas que introduce esta ley: por un lado, la posibilidad de ejecutar obras de reforma de edificios o instalaciones (las tradicionalmente conocidas como obras menores) mediante una declaración responsable que sustituya a la licencia municipal, respetando plenamente las competencias y potestades de los ayuntamientos, y por otro la determinación de un plazo máximo de un mes para que la administración de la Generalitat y las entidades locales emitan los informes que exigen las leyes que regulan la ordenación del territorio, el urbanismo y el uso del suelo en la Comunidad Valenciana.

La regulación del canon por actividades en suelo no urbanizable es también objeto de modificación, incrementando la capacidad de decisión y de actuación de los ayuntamientos, como administración más próxima a los ciudadanos, y buscando un doble objetivo: por un lado, facilitar el ajuste de la cuantía y plazo de pago del canon a cada caso concreto, permitiendo valorar las dificultades financieras en que se encuentran muchas empresas y la necesidad de favorecer la reactivación económica, y, por otro lado, conseguir que los ingresos derivados del canon puedan ser empleados en fines de interés público sin ninguna dilación innecesaria.

Así, en concreto, se incrementan las posibilidades de conceder, a criterio de los ayuntamientos, prórrogas, fraccionamientos o reducciones del canon, especialmente cuando se trata de actividades que crean empleo. Se flexibiliza también el cálculo del canon, derogando la orden que lo regula y permitiendo a los ayuntamientos determinar su cuantía aplicando los criterios legales. Y se elimina, por último, la exigencia de que los ayuntamientos elaboren y tramiten programas de sostenibilidad para poder disponer de los recursos derivados de los cánones por declaraciones de interés comunitario, ingresos que a partir de ahora se incorporarán directamente al patrimonio municipal de suelo, cuya finalidad es impulsar la construcción de viviendas de protección pública, con indudables efectos positivos sobre la construcción y el empleo.

Respondiendo también al objetivo urgente de optimizar los recursos públicos para estimular la economía, la presente ley modifica el régimen jurídico de tres organismos de la Generalitat: la empresa pública Vaersa, ampliando su ámbito de actuación y su capacidad para impulsar la inversión de la Generalitat en la construcción de infraestructuras y en la gestión de servicios públicos; la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, a la que se reconoce la posibilidad de contratar obras con aplazamiento de pago, y el Instituto Cartográfico Valenciano, al que se reconoce la condición de medio propio y servicio técnico de la Generalitat.

Por último, esta ley establece un régimen transitorio en el que, además de las disposiciones oportunas respecto a los procedimientos en tramitación a su entrada en vigor, se introduce una medida destinada a evitar temporalmente que, en caso de incumplimiento de los plazos de ejecución de programas de actuación integrada, la eventual caducidad de éstos produzca automáticamente efectos desclasificatorios del suelo afectado. De esta manera, dada la especial incidencia que la situación de crisis está teniendo sobre el sector inmobiliario y las dificultades de muchas empresas para cumplir en plazo los compromisos adquiridos como agentes urbanizadores, se facilita a los ayuntamientos la adopción de las decisiones que en cada caso sean más adecuadas al interés público, sin verse constreñidos por posibles efectos no deseados sobre la clasificación del suelo en los casos en que se trate de programas tramitados y aprobados junto a planes modificativos conforme al artículo 73 de la Ley Urbanística Valenciana.

La evolución de la economía valenciana, en el contexto de la crisis mundial que afecta a todas las economías desarrolladas y, de manera muy especial, a la española, determina que nos encontremos ante circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que, de acuerdo con el artículo 44.4 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, facultan al Consell para dictar disposiciones legislativas provisionales por medio de decretos leyes. Y según el artículo 49 del Estatut d’Autonomia, la Generalitat tiene competencia exclusiva en las materias de ordenación del territorio, urbanismo y organización de sus instituciones de autogobierno.