La Gaceta del Opositor

Año XXXI · Número 4246
Martes, 21 de noviembre de 2017
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Propuesta de aplicación de criterios empresariales en la gestión púiblica

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La Asociación Catalana de Gestión Pública, en colaboración con Esade y otras entidades, ha presentado en la sede de la institución educativa el Estatuto de la Dirección Pública Profesional de Cataluña, un documento en el que se denuncia el déficit de gestión en el sector público y la indiferencia de los actores políticos hacia el desarrollo de instrumentos que hagan posible que los profesionales que están al frente de las administraciones catalanas, universidades y organismos públicos puedan ejercer su actividad con plena seguridad.

El objetivo de este documento es, según explica Esade, promover un debate abierto con los estamentos institucionales, los actores políticos, los agentes sociales y, en general, con la ciudadanía del país, para contribuir a avanzar en la institucionalización de herramientas que permitan mejorar la calidad de la dirección y la gestión de las organizaciones públicas.

El texto propone acometer reformas legislativas para dotar a las administraciones de un nuevo marco que regule, entre muchos otros aspectos, los puestos de los directivos, la estructura de la carrera administrativa, los procedimientos de designación laboral, la contratación, el periodo de mandato o el modelo salarial.

Más concretamente, el documento propone acometer una profesionalización del sector público, tomando como referencia la competencia profesional como criterio básico para acceder a estos puestos de trabajo, ampliando así las posibilidades de atraer a los mejores y favoreciendo el acceso de todos los perfiles que puedan enriquecer la dirección pública.

Para ello, el Estatuto plantea la posibilidad de dejar en manos de los órganos competentes de cada administración la determinación de los altos cargos, a través de mecanismos de acreditación que faciliten la identificación de personas que dispongan de un perfil profesional, formación, competencias y experiencia adecuados para desempeñar el puesto de trabajo requerido.

Por otro lado, el texto propone mandatos públicos limitados y un modelo salarial equitativo, basado en el cumplimiento de objetivos y en la obtención de resultados. Esta medida persigue fijar un plazo determinado en los altos cargos que dependa directamente del logro de unos objetivos. De este modo, se fomentaría una cultura de la evaluación y se conseguiría mayor estabilidad en la dirección pública. Igualmente, la propuesta plantea que se iguale el modelo salarial con el de puestos de responsabilidad similar en otros sectores. Por otro lado, expone que una parte de las retribuciones quede vinculada a los resultados obtenidos.

Además, el Estatuto también reclama una única ley para todas las administraciones. En este sentido, los expertos proponen que la regulación no difiera de una administración a otra. Es decir, el comportamiento de las direcciones de servicios de los departamentos de la Administración de la Generalitat de Cataluña tendría que ser similar a aquellos que son propios de las gerencias municipales, universidades o de la empresa pública.

Por último, el documento insta a los agentes políticos a definir el espacio intermedio de la acción pública que se sitúa entre la política y la administración, con el objetivo de identificar claramente una parte de la estructura orgánica preexistente en cualquier organización pública, para encomendarle la función de traducir el mandato político en actividades operativas.

Para ello plantea crear una regulación que no implique la irrupción de nuevos puestos de trabajo de personal funcionario o laboral, sino la reconversión de esas plazas ya existentes, como altos cargos, directivos, gerentes o mandos reservados a funcionarios, en lugares que deben formar parte de la dirección pública profesional.