La Gaceta del Opositor

Año XXXI · Número 4246
Martes, 21 de noviembre de 2017
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El Tribunal de Cuentas solicita que se acabe la contratación de personal sin pasar oposiciones

En época de crisis y con el paro imparable, muchos ciudadanos optan por estudiar oposiciones para conseguir un puesto fijo de trabajo. Sin embargo, es “vox populi” que, en otras ocasiones, la vía de acceso al puesto de funcionario se consigue mediante los Tribunales, tras varios años de trabajo para la Administración, algo que podría acabarse en caso de salir adelante una petición del Parlamento.

Así, congresistas y senadores, a través de su Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, parecen estar decididos a poner fin a esta “sangría”. Esta Comisión, mediante resolución de 27 de octubre de 2010, ha instado a las Administraciones Públicas a que eviten las contrataciones temporales para puestos de trabajo permanentes, ya que este tipo de relación laboral suele desembocar en una resolución judicial que otorga carácter indefinido al puesto del trabajador.

La justicia les da la razón

La moción del Tribunal de Cuentas que acompaña a esta petición pone como ejemplo de este dislate, entre otros, a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Este órgano tuvo que incorporar como funcionarios de pleno derecho a 102 personas previas resoluciones judiciales entre los años 2003 y 2005. Los Ministerios e incluso la Seguridad Social también son objetivos de este Informe, aunque en el último caso se advierte que no constan demandas laborales.

Esta situación se hace más incomprensible cuando, en otros casos, son los propios Organismos públicos los que, aun a sabiendas de que necesitan cubrir vacantes permanentes, apuestan por la contratación temporal. Es el caso de los Ministerios de Trabajo y el de Sanidad, que en 2003 ya fueron advertidos por este Tribunal de que debían incrementar sus plantillas de personal con cualificación informática y limitar la contratación externa.

Caso omiso a la Abogacía del Estado

Por lo pronto, en la resolución del Parlamento se recuerda que, a través del Diálogo Social, se deberá especificar cuáles son los servicios y funciones que pueden ser objeto de externalización para las Administraciones Públicas. Asimismo, solicita a los servicios jurídicos del Estado que "supervisen" previamente este tipo de contrataciones.

Ahora habrá que ver si las Administraciones Públicas, que en los últimos meses se han visto en el ojo del huracán como responsables de parte del gasto estatal, cumplen con esta petición. Por lo pronto, cabe recordar que el propio Informe del Tribunal de Cuentas recoge varios avisos y la existencia de una circular de la Abogacía General del Estado en el año 2007 que ponían en alerta a las administraciones, aunque con escaso éxito. ¿Serán capaces esta vez, con la que está cayendo, de obviar esta sugerencia?

 

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