La Gaceta del Opositor

Año XXXI · Número 4583
Miércoles, 24 de octubre de 2018
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Comparecencia de la Ministra de la Presidencia sobre las medidas extraordinarias en materia de Función Pública

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Comparecencia de la Vicepresidenta Primera, Ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno en la Comisión Constitucional sobre las medidas extraordinarias en materia de Función Pública (29 de junio de 2010)

Señor Presidente, señoras y señores diputados,

Hace seis años que los españoles nos confiaron la gobernabilidad de España. Y desde entonces, desde el primer día, desde el propio discurso de investidura del Presidente Zapatero, hemos hecho del respeto hacia lo público uno de los ejes de nuestra acción de Gobierno.

Desde ese mismo respeto hacia los ciudadanos y hacia quienes representan a los ciudadanos, el Gobierno ha comparecido ante el Parlamento más que ningún otro lo había hecho antes. Parra rendir cuentas, para responder de todo lo que venimos haciendo y para explicar cuantas cuestiones demanden sus señorías. Es nuetra obligación y es su derecho.

Y hoy, comparezco, una vez más ante ustedes para darles cuenta de las medidas extraordinarias que ha adoptado el Gobierno en lo que a la llamada Función pública se refiere.

Unas medidas que, como bien saben sus señorías, se enmarcan dentro de ese esfuerzo de reducción del déficit y de salvaguarda de nuestra economía que estamos acometiendo todos los países de la Unión Europea.

Señorías,

Creo que pocas cosas hay tan dañinas para una democracia como ese discurso que durante años ha querido ver en lo público, en el mejor de los casos, un mal necesario; y en el peor, pero el más frecuente desde algunas posiciones ideológicas, un lastre para el progreso social y económico.

Permítanme empezar señalando que ese punto de partida en el que suele apoyarse el discurso de la sospecha hacia lo público, y que ha encontrado eco en las últimas semanas en algunas tribunas, no responde en absoluto ni a la realidad, ni a hechos ciertos, sino más bien al deseo de seguir marcando la impronta de aquellos para los que el lo público nunca es bueno.

Se ha dicho por ejemplo que la administración pública en España es excesiva. La realidad es que el tamaño de la administración pública en España se encuentra en la media europea y es claramente inferior a la de los países de nuestro entorno más próximo.

Nuestra tasa de empleados públicos es del 12’5%, menor que el 14% de Italia, sensiblemente menor que el 19% de Gran Bretaña y ostensiblemente menor que el 21% de Francia.

Señoras y señores diputados, siempre hay que procurar ser certeros y rigurosos cuando se expresan opiniones, pero más que nunca hay que serlo en momentos de dificultades, en estos momentos hay que ser, más que nunca, responsables en las propuestas y precisos en las afirmaciones.

Creo que intentar aprovechar el peso de la crisis para sembrar la desconfianza hacia lo público, hacia quienes trabajan al servicio del bienestar social y de la ciudadanía, muestra no sólo una dudosa responsabilidad sino también una incapacidad para leer, para comprender, para aprender del tiempo que vivimos.

Porque si algo ha dejado claro esta crisis que comenzamos a superar es que lo público, lejos de ser una traba para el desarrollo económico, es una garantía de seguridad, de crecimiento estable y duradero. Es la más importante salvaguarda del interés general.
Por eso, desde el Gobierno siempre hemos defendido y seguimos defendiendo que la administración es el corazón del Estado y que trabajar para lograr una administración cada vez más cercana al ciudadano, más moderna, más eficiente, es reforzar la calidad de nuestra democracia.

Desde esa convicción hemos adoptado numerosas iniciativas de las que ya he dado cuenta en comparecencias anteriores en esta misma Comisión.

Iniciativas en algunos casos largamente demandadas por los trabajadores como es la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público.

Otras –como la puesta en marcha de la administración electrónica y la capacitación de los funcionarios- exigidas por el propio tiempo que vivimos.

Pero todas, absolutamente todas, con el mismo denominador común, con el mismo objetivo: mejorar el servicio a los ciudadanos y garantizar los derechos de los trabajadores del sector público.

Unos trabajadores que, a pesar del sacrificio exigido, responden con responsabilidad y profesionalidad a sus deberes. Y el Gobierno, que ha tenido que tomar una decisión difícil, quiere seguir reconociendo su labor y su compromiso.

Y a esa tarea de reconocer su compromiso, a la de dignificar su trabajo y a la de modernizar sus estructuras responde el acuerdo que alcanzamos, entre Gobierno y sindicatos, el pasado mes de septiembre sobre el futuro de la función pública.

Un acuerdo ambicioso que contempla 50 medidas de modernización de la administración y de mejora de las condiciones de los trabajadores.

Un acuerdo nacido del consenso, del diálogo y de la responsabilidad de los trabajadores, del Gobierno y de los sindicatos.
Y digo esto siendo muy consciente de que en este momento mantenemos diferencias sobre las medidas que hemos adoptado, pero creo que no me equivoco al señalar que la gran mayoría de los trabajadores del sector público, del mismo modo que la sociedad en su conjunto, comprenden el momento especialmente difícil que nos ha tocado vivir.

Comprenden que estas medidas excepcionales responden a una situación que nos obliga a todos a hacer un esfuerzo igualmente excepcional.

Y quiero recalcar ese carácter excepcional porque hay quien ha querido ver en ellas un giro radical, un cambio de sentido en la política del Gobierno.

Señorías, hay veces en las que, también en política, es necesario superar un obstáculo pero eso no significa, en ningún caso, abandonar el camino o renunciar a los objetivos.

En los últimos meses es mucho lo que ha cambiado el entorno económico, pero lo que ni ha cambiado, ni cambiará, son los principios y objetivos del Gobierno.

Lo que no ha cambiado ni cambiará es nuestro compromiso con el servicio público y de calidad, con la protección de los derechos de los trabajadores y con el mantenimiento del Estado de Bienestar.
Y puede que otros quieran aprovechar el momento para cuestionar todo lo que tiene que ver con lo público, desde la administración hasta nuestro sistema de protección social, pero que nadie espere algo así del Gobierno.

Porque ha sido este Gobierno quien ha aumentado el gasto social un 50%, y es cierto que hemos tenido que hacer un ajuste para hacer frente a las dificultades, un ajuste de un punto y medio (1,5%). Esa es la realidad, aumento del 50% y ajuste -provisional y temporal- del 1’5%. Mantenemos intacto nuestro compromiso con la protección social y con el servicio público.

Ha sido este el Gobierno que en los primeros cuatro años ha devuelto a los empleados públicos un 5% del poder adquisitivo, prácticamente lo mismo que habían perdido en anteriores legislaturas, y ha invertido en formación más que ningún otro gobierno anterior.

Y es cierto que hemos tenido que revisar uno de los puntos del acuerdo que firmamos con los sindicatos. Hemos adoptado un ajuste -provisional y temporal- de los sueldos en la función pública.
Lo hemos hecho por responsabilidad, para garantizar precisamente la viabilidad de nuestro modelo de protección social y de nuestra economía en un momento de dificultades.

Ateniéndonos estrictamente a la propia letra del Estatuto Básico del Empleado Público que, como saben, establece en su artículo 38 la posibilidad de suspensión o modificación de los pactos y acuerdos “excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas”.

Pues bien señorías, creo que estarán de acuerdo conmigo en que se cumplen esas condiciones de situación excepcional, de interés público y de alteración sustancial de las circunstancias económicas.
Dicho esto, el resto de los puntos del acuerdo con los sindicatos sigue vigente y desde luego que el Gobierno mantiene su compromiso con la Administración Pública.

Por eso, les anunció que -en cumplimiento de ese compromiso- el próximo viernes el Consejo de ministros, aprobará la creación del Observatorio del Empleo Público.

Un observatorio que nos permitirá hacer dos cosas fundamentales: La primera, un diagnóstico en profundidad de la situación del empleo en la Administración del Estado y, la segunda, determinar de qué manera podemos obtener el mejor rendimiento de nuestro capital humano, en interés de los ciudadanos.

No será el único acuerdo que el Consejo tomará el próximo viernes en materia de función pública. Puedo anunciarles que, además, y con la finalidad de seguir conteniendo y controlando el gasto en la Administración General del Estado, el máximo de vacantes que podrán tener los departamentos y organismos que forman parte de ella pasará del 8 al 5%. Una limitación que sin duda evitará desviaciones al alza en sus masas salariales.

Mantenemos y reforzamos, por tanto, la austeridad y la eficiencia de la Administración, y a la vez el proyecto y el objetivo de la modernización del servicio público. Y desde luego que seguiremos trabajando para cumplir esos objetivos y contando para ello con los sindicatos y los trabajadores.

Somos plenamente conscientes, y creo que así lo hemos demostrado a los largo de los últimos seis años, de que los trabajadores de la función pública son los verdaderos protagonistas de cualquier proyecto de modernización de la administración.
Sabemos que son ellos los que hacen que nuestras iniciativas de Gobierno –en educación, en sanidad, en atención a la dependencia- se traduzcan en resultados tangibles para cada ciudadano.

Somos muy conscientes de que su trabajo, su dedicación y su compromiso no siempre han tenido el reconocimiento que merecen y por eso nos hemos esforzado en garantizar sus derechos y mejorar sus condiciones de trabajo.

Y vamos a continuar haciendo todos los esfuerzos que sean necesarios para seguir avanzando en esa misma dirección, para seguir avanzando hacia esos objetivos que hemos acordado.
Objetivos tan importantes para los trabajadores y trabajadoras, para toda la ciudadanía, como la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado.

Una ley que presentaremos en el próximo periodo de sesiones y que pondrá las bases para la Administración del nuevo siglo, que incentivará el trabajo productivo y la dedicación, que eliminará desigualdades y rigideces retributivas, que convertirá la formación continua en un elemento permanente y central de la administración.
Objetivos como el Plan de Reordenación de Recursos Humanos.

Como el avance en capacitación. Como la plena implantación de la administración electrónica o la armonización de las clases pasivas con el régimen general de seguridad social.

Señorías,

Vivimos tiempos de incertidumbres, es cierto, pero de lo que no me cabe ninguna duda es de que superaremos la crisis, salvaremos los obstáculos con los que nos hemos encontrado y continuaremos recorriendo el mismo camino, un camino al que hemos sido fieles no sólo en estas dos legislaturas sino en toda nuestra historia y a lo largo de toda la democracia.

Y lo haremos con todos los medios a nuestro alcance, hablando y concertando todo lo que sea posible con todos los que quieran echar una mano.

Con partidos políticos y agentes sociales, con Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, con organismos internacionales y, por supuesto, con nuestros socios de la Unión Europea. Una Unión que hoy más que nunca debe dar un paso adelante, y lo estamos dando.

En primer lugar estableciendo el mecanismo Europeo de Estabilización. Fue una medida inmediata, urgente, a la que van a seguir, a la que ya están siguiendo, otras iniciativas encaminadas a construir ese Gobierno económico que muchos demandamos.

Ha sido necesaria la mayor crisis de la globalización para que muchos comprendan que la estabilidad económica y el progreso social pasa precisamente por construir una Europa en la que la responsabilidad por lo público sea la premisa y el contrapeso del mercado y el beneficio.

Por eso, desde la Presidencia de la Unión hemos puesto en marcha iniciativas como el comité de diálogo social en las administraciones centrales europeas, que supone un paso decisivo hacia la institucionalización del dialogo social en el seno de la Unión.

También la creación de un grupo de trabajo encargado de mejorar la coordinación económica entre los socios comunitarios, la estrategia de crecimiento y empleo que lanzamos el pasado 17 de junio o el paquete de supervisión financiera para regular los fondos de riesgo y las agencias de rating.

Para evitar que quienes pretendieron convertir la economía global en un casino sigan jugando a la ruleta rusa con nuestro futuro.
Ese, señorías, es el marco general de las medidas de austeridad que ha presentado el Gobierno y de las que forman parte las iniciativas en materia de función pública que el Presidente del Gobierno anunció ante esta cámara el pasado 12 de mayo.

Unas medidas absolutamente análogas a las que están tomando nuestros socios comunitarios y les pondré sólo unos ejemplos centrados en la administración pública.

Francia: 45.000 millones de reducción del gasto público en tres años. Reducción de la tasa de reposición de funcionarios al 50%. Recorte de la plantilla en 10.000 efectivos. Retraso en dos años de la edad de jubilación y recorte en un 10% del gasto corriente.
Irlanda: recorte del salario de los funcionarios hasta en un 15%, reducción de prestaciones sociales como las ayudas por maternidad o desempleo.

Alemania: 81.000 millones de recorte del gasto en cuatro años. Reducción en un 2’5% del sueldo de los funcionarios y suspensión del incremento previamente acordado. Recorte de la plantilla en 10.000 empleados públicos, supresión de ayudas sociales.

Reino Unido: el último presupuesto anticipó recortes de gasto público de casi el 12% y el nuevo Gobierno ha anunciado nuevos ajustes que, en palabras del propio Primer Ministro, cambiarán el modo de vida de los británicos.

Italia: el recorte del gasto va a ser de 24.000 millones de Euros, casi el doble que en España y va suponer medidas de ajuste para la administración que contemplan desde la reducción de ayudas sociales hasta el despido directo de funcionarios.

Portugal: congelación de los sueldos de los funcionarios hasta 2013. Sólo se repondrá una de cada dos bajas y recorte de las prestaciones sociales en los próximos cuatro años.

Por tanto señorías, respuestas compartidas ante diagnósticos y problemas compartidos, y es importante señalarlo porque hemos podido escuchar -a algunos representantes político-s hablando, de que España es un país, poco menos que tutelado porque tiene un déficit único y extraordinario, a diferencia del resto de Europa.

Quizás sea bueno recordar que, frente a esa imagen que algunos se empeñan en divulgar –con escasa deferencia hacia el interés general-, no ha sido España, sino los 27 Estados de la Unión quienes registraron déficit en 2009. Es más, veintidós países, la mayoría gobernados por partidos conservadores, tienen abierto expediente por déficit excesivo y todos, absolutamente todos, estamos haciendo un esfuerzo de austeridad en nuestras cuentas públicas.

Por tanto señorías, hablamos de problemas compartidos y también de soluciones compartidas. Eso es lo que hay y lo que ha habido. Quizás quienes hablan de tutelas echen de menos periodos anteriores pero lo cierto es que la era de la autarquía, afortunadamente, queda muy atrás y sólo desde esos parámetros se puede entender que se llame tutelaje, al mayor esfuerzo de coordinación económica que hemos conocido en la historia de la Unión.

El gobierno de España ha actuado en esto, como en todo, desde el más absoluto sentido de la responsabilidad. Con diligencia, con inmediatez, por supuesto, porque así lo exigen las circunstancias.
Adoptando medidas que en su momento muchos calificaron de improvisaciones y que –tal y como se ha encargado de demostrar el tiempo- han sido seguidas por iniciativas similares en todos los países de la Unión.

Unas medidas, difíciles de aceptar y de adoptar, pero que responden a las exigencias de la situación que vivimos y a las necesidades del país.

Que se orientan a ese compromiso del Gobierno de cerrar el ejercicio del 2011 con un déficit del 6%. Un compromiso que hemos asumido desde la responsabilidad que nos corresponde de tomar las medidas necesarias para sortear la crisis y dejarla atrás.

Y precisamente porque somos muy conscientes de lo que estamos pidiendo, hemos querido ponernos en cabeza del esfuerzo que está haciendo toda la sociedad reduciendo la retribución de los miembros del Gobierno en un 15%, y de los altos cargos en un porcentaje que va entre el 8% y el 10%.

Respecto a los empleados públicos, ya conocen sus señorías las líneas maestras de las medidas que hemos adoptado. Las retribuciones se reducen en una media del 5% en 2010 y se congelan en 2011.

Se trata de medidas que afectan a toda la estructura y órganos del Estado, también a todas las Administraciones Públicas, incluidos ayuntamientos y Comunidades Autónomas y que se atienen estrictamente a los criterios de responsabilidad y equidad, demandando un esfuerzo mayor a quienes más tienen y sin afectar prácticamente a las retribuciones más bajas.

En lo que respecta al personal funcionario de la Administración General del Estado, estas medidas supondrán una reducción que va desde el 0’56 para los funcionarios del grupo E hasta el 7% para los del grupo A1.

Respecto al resto de las Administraciones Públicas, las retribuciones de carácter básico, el sueldo y los trienios, quedan afectadas en los términos establecidos para la Administración General del Estado.
En cuanto al personal laboral, se aplicará una reducción de un 5%, quedando exentos aquellos trabajadores que perciban retribuciones inferiores a 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.

En total, las iniciativas contempladas en el Real Decreto de Medidas Extraordinarias para reducir el déficit supondrán un ahorro de 4.500 millones de euros para el conjunto de las administraciones en 2010 y 2011, de los que 2.650 corresponden al presente ejercicio.

Y quiero señalar, señorías, que no se trata de medidas aisladas, sino que se unen al esfuerzo de austeridad en la administración del Estado que desde hace meses esta realizando el Gobierno y que ya contemplaban, en el presupuesto para 2010, una reducción del gasto público del 4%, lo que supone 7.500 millones de euros.
Un esfuerzo que se ha plasmado en el Plan de Austeridad de enero de 2010 con iniciativas como:

El acuerdo de no disponibilidad de 5.000 millones de euros que afectó a todos los ministerios.

La reducción al 10% de la tasa de reposición de la oferta de empleo público que supondrá para este año un ahorro de 300 millones de euros.

La racionalización del sector público estatal y la reducción de altos cargos que, en su primera fase, supuso un ahorro de 16 millones de euros y que va a ser seguida de una segunda fase en la que se suprimirán alrededor de 100 subdirecciones generales, con un ahorro estimado de 8 millones de euros.

Un esfuerzo de apoyo a la economía productiva, a la creación de empleo que se ha traducido también en la reducción de cargas administrativas para las empresas hasta un 30% en 2012.

Un compromiso que asumió el Presidente del Gobierno en su discurso de investidura, que supone cinco puntos más de reducción de cargas que el objetivo acordado en la Unión Europea y que nos permitirá alcanzar una cifra de ahorro para las empresas de 15.000 millones de euros de los que 10.000 corresponderán a la reducción de cargas en la Administración General del Estado y 5.000 a las Comunidades autónomas y entidades locales.

Señorías,

Gobernar un país nunca es una tarea fácil, pero lo cierto es que gestionar el crecimiento es una situación relativamente confortable.
La talla, la medida exacta de un Gobierno responsable, pero también de quienes aspiran a convertirse en Gobierno, se mide gestionando la dificultad.

Porque es entonces, gestionando la dificultad, cuando se comprueba quien está dispuesto a anteponer el interés general al beneficio particular.

Es entonces, gestionando la dificultad, cuando se ve claramente quién piensa en el país y su futuro y quien lo hace pensando solo en si mismo y en el cortoplacismo electoral.

Señoras y señores diputados, el gobierno al que represento ha sido el primero, en la historia más reciente que ha presentado superávit, hemos logrado niveles de empleo que hace apenas 15 años ni los más optimistas se atrevían a imaginar. Hemos situado a España como la octava potencia económica mundial y nuestro PIB per cápita está por encima de la media de la Unión Europea, una posición que, pese a la dureza de la crisis, seguimos manteniendo.
Ha sido este Gobierno, si, desde luego con el concurso de todos los gobiernos y de toda la sociedad española. Gracias a todos ellos ha sido posible.

Ahora, pasamos momentos difíciles que exigen decisiones también difíciles. El Gobierno, éste Gobierno ha estado a las maduras pero también ha demostrado ya que sabe estar a las duras, tomando decisiones impopulares, si, pero que los ciudadanos saben que son necesarias. Y así vamos a seguir, tomando decisiones, las que necesita el país para volver a crecer y seguir generando riqueza, en definitiva, vamos a seguir gobernando.

Seguiremos trabajando por el futuro de los españoles y las españolas, por una administración cada día más eficaz, más cercana al ciudadano, mejor adaptada a las exigencias de la nueva economía.

Creo que es lo que se exige de todo Gobierno responsable y desde luego no estamos dispuestos a conformarnos con menos.

Muchas gracias.